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Se viene el festival de los juicios
Sin duda, éste será un año importante en materia judicial, ya que varias causas resonantes pasarán a juicio una vez que finalice la feria de enero. Las hay de todo tipo. Desde hechos policiales que concentraron la atención pública en los años recientes -como el asesinato de María Marta García Belsunce o el asalto al Banco Río de Acassuso- hasta casos que refieren a la etapa negra de la Argentina. Los juicios orales contra los jefes de la ESMA y los del Primer Cuerpo de Ejército son algunos de ellos. También, por hechos de corrupción a ex funcionarios, como María Julia Alsogaray y Víctor Alderete. Todos, además, confirman en la mayoría de los casos que aquella frase popular de «justicia lenta» sigue vigente en el país. También es cierto que la premura en avanzar en otras causas está más vinculada al apuro de algunos abogados de evitar caer en el sistema de juicios por jurados -que va a ser implementado este año- que al propósito de hacer verdadera justicia.
La causa por las muertes como consecuencia de la represión del gobierno de De la Rúa, en sus últimos días de gestión, y el caso de la ESMA son los juicios con impacto político más importante a nivel nacional. Se suma a éstos la tragedia de Cromañón, que provocó la caída de Aníbal Ibarra. También el juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce se desarrollará este año.
Molina Pico fue el responsable de la instrucción de la causa desde el inicio. El fiscal sostiene que el autor del crimen está dentro del círculo familiar de María Marta. Y atribuye el móvil a una pelea relacionada con el lavado de dinero del narcotráfico.
El fiscal sostiene la hipótesis de que ésa fue la razón por la que los allegados a María Marta intentaron encubrir el asesinato diciendo que la mujer murió por un accidente ocurrido en la bañera. Pero cuando se realizó la autopsia, se estableció que le habían disparado cinco balazos en la cabeza. Hubo un sexto disparo que rebotó en el cráneo y el proyectil luego fue arrojado al inodoro. Explicaron que lo habían confundido con un «pituto» de los que se utilizan para sostener los estantes de armarios.
TRAGEDIA DE CROMAÑON
La jueza María Angélica Crotto podría elevar la causa a juicio oral en marzo o abril, aunque el dictamen acusador quedaría terminado en febrero.
El gerenciador del boliche de Once, Omar Chabán, es el principal acusado. Pese al interés de los familiares para que el juicio se realice en la primera mitad de año, el debate recién podría comenzar a fines de 2007. La razón: evitar que el caso sea tema de la campaña electoral.
El dictamen del fiscal no es apelable pero es muy posible que haya planteos de nulidad, que den lugar a una larga batalla judicial entre dos tribunales orales que demoraría el inicio del juicio.
El debate reunirá a los mayores responsables de la tragedia: Omar Chabán, los integrantes del grupo Callejeros y tres integrantes de la Policía Federal que fueron acusados de recibir coimas para permitir el funcionamiento irregular de Cromañón.
En el banquillo de los acusados también se sentarán tres ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad: la ex secretaria de Control Comunal, Fabiana Fizbin; su segunda, Ana María Fernández, y el director de Fiscalización y Control, Gustavo Torres. Estos últimos están acusados de un delito relativamente leve: incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, continúa la pelea para que en ese juicio, u otro posterior, sean imputados funcionarios de más alto rango. Es el caso de Aníbal Ibarra. Es bastante probable que el fiscal de Casación, Raúl Plee, dictamine que el sobreseimiento del ex jefe de Gobierno fue apresurado. De todos modos, es casi imposible que Ibarra sea imputado penalmente en el caso Cromañón.
El 30 de diciembre pasado vencieron los plazos para iniciar una acción civil. Este litigio puede durar como mínimo cinco años. Las cifras por reclamo de indemnizaciones pueden rondar los 300.000 pesos, que terminarán pagando la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional.
La otra pieza de investigación de este caso ya fue elevada a juicio. Se la conoce como «la causa». La jueza Crotto acusó a efectivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal de gestar una maniobra que consistía en rechazar los pedidos de concesión de permisos de habilitación por no estar supuestamente en condiciones los locales inspeccionados. Al mismo tiempo recomendaba a tres empresas, Ipex, Bausis y Baipex, en el asesoramiento para conseguir la habilitación. Esas firmas -según sostuvo la jueza y confirmó la Cámara del Crimen-estaban relacionadas con parientes del ex jefe de la Superintendencia de Bomberos, Alberto Corbellini. Los acusados de la maniobra son cinco, tres integrantes de Bomberos y dos empresarios. El Tribunal Oral Nº 24, integrado por un juez titular, Raúl Llanos, y dos subrogantes, Marcelo Alveró y Cecilia Maisa, será el responsable del juzgamiento de esta parte de la causa.
ROBO DEL SIGLO
El equipo de fiscales que investigó el saqueo de las cajas de seguridad al Banco Río de Acassuso estableció oficialmente que el botín robado fue de «al menos ocho millones de dólares», de los cuales se recuperaron sólo uno y medio, es decir, 18%. Fue el robo más audaz no sólo del año que pasó, sino también de la historia criminal argentina; un golpe que parecía perfecto hasta que una mujer despechada y los teléfonos celulares de los ladrones delataron a sus autores.
El denominado «robo del siglo» ocurrió el 13 de enero de 2006 en el Banco Río y fueron siete horas de extrema tensión con un final que parecía inverosímil. Cuando se cortaron las negociaciones, los grupos tácticos de la Policía irrumpieron y sólo se encontraron con 21 rehenes -dos ya habían sido liberados-, el tesoro abierto y 145 cajas de seguridad saqueadas. A casi un año del gran robo a la sucursal de Acassuso, la causa fue elevada a juicio oral y público contra los cinco procesados, de los cuales tres están presos, uno en prisión domiciliaria y otro en libertad.
Todos fueron acusados de «robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimientos reiterados».
20 DE DICIEMBRE/2001
La Justicia Federal fijó para los primeros días de abril la fecha del juicio oral y público contra el coronel retirado Jorge Varando, jefe de seguridad de un banco, imputado por los incidentes ocurridos el 20 de diciembre de 2001 previos a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. El proceso se iniciará el 3 de abril próximo, estará a cargo del juez federal Norberto Oyarbide y será el primero por esta causa.
El coronel Varando fue procesado por supuesto «abuso de armas». Como se trata de un delitocorreccional -con penas de 3 años de prisión como máximo-debe ser un juez del fuero correspondiente quien intervenga y no un tribunal oral.
A pesar de que la causa estaba en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, no será ella quien realice el juicio oral porque la magistrada fue quien instruyó la investigación.
Otra parte de la causa también será juzgada seguramente en 2008, pero por los tribunales orales federales 3 y 6 de esta Capital.
Es el caso de ex agentes de Asuntos Internos de la Policía Federal acusados por el delito de homicidio por la muerte de los manifestantes en el centro porteño. En las últimas semanas, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron la elevación a juicio oral del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, el ex secretario de Seguridad e Interior, Enrique Mathov, y los ex jefes policiales Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero. Se los acusa de homicidio culposo en cinco oportunidades, lesiones culposas reiteradas en 116 casos, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
COIMAS EN EL SENADO
Con un escrito en el que advierte sobre la gravedad institucional del caso, el fiscal federal Federico Delgado pidió el año pasado al juez Daniel Rafecas que envíe a juicio oral la causa por el presunto pago de sobornos en el Senado. Se calcula que los nueve procesados serán juzgados en el transcurso de 2007, pero aún no hay fecha. El tribunal oral que reciba el caso se definirá por sorteo entre los seis que hay en Comodoro Py, después que culmine la feria judicial.
En un escrito de 54 carillas, el fiscal Delgado calificó al supuesto pago de sobornos como producto de «la crisis más aguda de la vida institucional desde la instauración de la democracia» en 1983. La investigación se inició con la aparición, a fines de 2002, de Mario Pontaquarto. El secretario parlamentario confesó haber llevado las valijas con 5 millones de dólares que fueron distribuidos entre un grupo de senadores para aprobar le ley de reforma laboral. La pesquisa concluyó con los procesamientos del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; del ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes; del «arrepentido» Mario Pontaquarto; y de seis ex senadores: el radical José Genoud y los justicialistas Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda. A todos se los acusa de cohecho, delito para el que se prevén penas de hasta 6 años de cárcel.
En paralelo, Rafecas seguirá con otra porción de la causa que se mantendrá en su juzgado. Aún tiene que resolver si procesa o no al ex presidente Fernando de la Rúa y si avanza sobre algún otro ex senador, sobre todo luego del testimonio de otra arrepentida: Sandra Montero.
PRIVATIZACION DEL CORREO
La Oficina Anticorrupción como querellante pidió elevar a juicio oral una causa en la que está procesado el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath por supuestas irregularidades en la privatización del Correo Argentino.
El pedido fue realizado ante el juez federal Claudio Bonadío, quien investiga a Kammerath por un presunto reconocimiento irregular de una inversión al grupo que se adjudicó el Correo por casi 99 millones de pesos, usados para un programa de retiros voluntarios.
El Correo se privatizó en 1997 y en el pliego de bases y condiciones se estableció que la empresa adjudicataria debía garantizar una inversión mínima anual de 25 millones de pesos por diez años.
En la causa se dio por probado que en 1999 Kammerath reconoció como inversión pública el monto que se había usado para pagar retiros voluntarios, algo que la Justicia entendió fue un gasto «corriente».
En diciembre de 2005 la Sala II de la Cámara Federal procesó a Kammerath por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y luego lo embargó por cien millones de pesos. Ese dictamen fue convalidado recientemente por la Cámara de Casación.
Si es encontrado culpable Kammerath podría ser condenado a un máximo de seis años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y administración infiel.
VON WERNICH
Por primera vez en la historia del país un miembro de la Iglesia será sometido a juicio por terrorismo de Estado. El ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian Von Wernich, será juzgado por torturas, 19 homicidios y 33 secuestros durante la dictadura. Es el segundo juicio en importancia luego del que condenó a Miguel Etchecolatz.
En los tribunales platenses especulan que el juicio podría realizarse en marzo o abril, luego del sorteo de la Cámara Federal que deberá llevar adelante el proceso que podría terminar con la condena del sacerdote.
Von Wernich respondía al ex jefe de la Bonaerense, el coronel Ramón Camps. El eclesiástico se encuentra detenido hace tres años en la Unidad Federal Antiterrorista. El fiscal federal de La Plata, Sergio Franco, pidió la elevación a juicio oral de la causa que investiga la participación del ex capellán de la Policía Bonaerense.
Para juzgar al ex sacerdote, la fiscalía unificó dos causas y evaluó testimonios recepcionados en el Juicio por la Verdad que se sigue en La Plata y otros efectuados ante la Conadep.
El proceso es seguido con especial atención por Néstor Kirchner, quien lo considera medular en su política de reafirmación de los derechos humanos.
ESMA Y PRIMER CUERPO
Después de Etchecolatz y Von Wernich, los juicios orales contra los jefes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), encabezados por los degradados tenientes Jorge «el Tigre» Acosta y Alfredo Astiz, y los del Primer Cuerpo son los que más interesan al gobierno.
La reapertura de estas causas fueron posibles por un fallo de la Corte Suprema en el que se declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que habían beneficiado a militares involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos.
Por primera vez en estas sentencias se habló de los delitos perpetrados «en el marco del genocidio» llevado a la práctica por el último gobierno militar. En la causa por los hechos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, el juez Daniel Rafecas comparó a los centros clandestinos con los campos de concentración del nazismo.
Otro hecho significativo fue cuando los jueces dispusieran que los condenados cumplan sus penas en cárceles comunes (en este caso en el complejo de Marcos Paz) y no en establecimientos militares.
De acuerdo a cómo se van elevando a juicio oral los diversos legajos de las «megacausas» del Primer Cuerpo y de la ESMA, la agenda irá determinando el orden en el que el Tribunal Oral en lo Federal 5 (TOC5)realizará los respectivos debates.
Por la cantidad de legajos, víctimas e imputados, se prevé que será una tarea que excederá, largamente, todo 2007 y que los magistrados integrantes del TOC5 -los mismos que condenaron a Julio Simón («el turco Julián»)- deberán dedicarse, con exclusividad, a esos procesos.
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