Ni la deuda y sus negociaciones ni el «desendeu damiento» con el Fondo Monetario Internacional ni la entrevista con Lula da Silva en Ouro Preto inquietaron tanto al gobierno ayer como la incógnita de la declaración que hoy prestará el titular de la oficina anticorrupción ante el juez Juan José Galeano. En efecto, Daniel Morin deberá explicar hoy ante ese magistrado una acusación que llevó adelante desde su dependencia y que tiene como objetivo a la Secretaría de Inteligencia del Estado. El fiscal anticorrupción puso el dedo en la llaga por los $ 100 millones que se asignaron a la SIDE en las postrimerías del gobierno de Eduardo Duhalde y que fueron imputados a la cuenta «gastos de personal».
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El problema de las sumas de gastos reservados que se asignan en la SIDE a pagos de sueldos es histórico y promete complicar a muchos funcionarios si algún magistrado inquieto (por lo que se sabe, Galeano está inquieto) comparara las cifras publicadas por el Ministerio de Economía para el presupuesto de ese organismo con los aportes por jubilación que se realizan en la Caja de la Policía Federal, que es donde revistan los espías. Como publicó este diario en su momento, si lo que se justifica como gastos en personal fuera verdaderamente canalizado hacia ese destino, habría empleados de la SIDE cuyos sueldos habrían llegado a un promedio de $ 8.000.
Morin comenzó a preguntar por estas sumas y por el destino de aquellos $ 100 millones una vez que Gustavo Béliz, su padrino, abandonó el gabinete. En la Jefatura de Gabinete supusieron siempre que el afán inquisidor del fiscal se debía a que, con la ausencia de Béliz, quedaría en el limbo la promesa de convertirlo en juez federal que se le había formulado. Sobre todo porque el cargo al que aspiraba ya fue ocupado por el ganador impecable de un concurso, el camarista Eduardo Freiler.
En vez de explicarle que lamentablemente ya no podría convertirse en magistrado y que cualquier incumplimiento debería reprocharlo en el domicilio particular de Béliz, el gobierno resolvió satisfacer el afán de Morin por hacer justicia. Se inventó un ardid:él había participado de un concurso para ocuparun cargo de juez nacional, al que había renunciado saboreando el cargo federal que, al final, cubrió Freiler. Con ese concurso como argumento, los peronistas del Senado recibieron la orden de convertirlo en juez. Se trató de una carrera contra reloj: la aprobación del pliego debería llegar antes que la comparecencia de Morin ante Galeano. El miércoles pasado, los legisladores oficialistas no consiguieron los dos tercios para tratar el acuerdo sobre tablas, por lo que Morin llega hoy a los tribunales de Comodoro Py con una nueva promesa incumplida.
• Béliz vs. Duhalde-Kirchner
Estos contratiempos en el contexto de su declaración se suman a otros. Por ejemplo, la presentación de Béliz en el mismo juzgado. El ex ministro de Justicia afirmó que los $ 100 millones que nadie puede explicar en la SIDE fueron autorizados por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. La afirmación de Béliz parece coincidir con algunos datos que complican al gobierno del bonaerense. La historia habría sido aproximadamente así: Miguel Angel Toma, a instancias de su mano derecha Armando Franchi, habría dispuesto un programa de modernización de la SIDE para el cual reclamó $ 34 millones. El clima de época lo justificaba: había secuestros múltiples y Horacio Conzi seguía prófugo. A Oscar Rodríguez, el esposo de Mabel Müller y custodio ultraduhaldista de la institución, le interesaba poco, casi nada, encontrar a Conzi. En cambio se interesó por explicar a la cúpula del gobierno que «si le damos esta plata a Toma terminará financiando la campaña de Carlos Menem». Sospechas permanentes sobre el entonces secretario de Inteligencia. Las ventajas de la modernización tecnológica de Toma se descubrieron con el resultado electoral en la mano, es decir, cuando se conoció la retirada de Menem del ballottage y el consiguiente triunfo del segundo, Néstor Kirchner. Entonces sí, Duhalde decidió ampliar el presupuesto de la SIDE y, en vez de asignar $ 34 millones a las ambiciones tecnotrónicas de los espías, contribuir con $ 100 millones, los del decreto que denunció Béliz.
Claro, hay un detalle que plantea un problema: que se sepa, la SIDE no compró ni un tornillo que permita justificar aquélla suma. Esto es lo que está en el fondo de la denuncia de Béliz y es lo que, por lo menos hasta anoche, quería saber Morin. El fiscal anticorrupción se presentó como parte querellante en todas las causas que pueden tener como imputada a la SIDE preguntando por el manejo de los fondos reservados. Anoche nadie sabía si expresaría estas inquietudes ante Galeano. Ni siquiera Francisco Larcher, el segundo de la institución y garante delante de Kirchner de todo lo que sucede en ella. Larcher, por lo que trascendió, está en España.
Seguramente por consejo del radical Ricardo Sayo, el nuevo encargado del espionaje exterior del gobierno Kirchner. Sería el tercer viajero de una comitiva de la que el gobierno sólo divulgó dos integrantes, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, el jefe de Gabinete. Llama a la curiosidad saber si el frío madrileño y el cambio de aire habrá mejorado el clima entre la primera dama y el subjefe de la inteligencia, quienes en la etapa santacruceña de sus vidas se llevaron como perro y gato.
En lo más alto del gobierno hay más conciencia de la que se supone respecto de las complicaciones penales que puede traer, en el futuro, la opacidad en el manejo de fondos de la Secretaría de Inteligencia. Por eso avanza sigilosamente un plan que, llegado el caso, podría precipitarse por orden del propio Kirchner: la de su disolución y reemplazo por un nuevo organismo. Ni más ni menos que el que hoy están construyendo en las sombras el técnico Marcelo Saín y su segundo, Germán Montenegro. Ese servicio secreto creado para mejorar la custodia del Presidente, al que anoche se le destinaron 20 militares para custodia, podría convertirse en el sustituto de un organismo al que fácilmente se le podrán cargar las lacras de 50 años de penumbras.
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