Sin aval de la Corte consejo de jueces pagó el aumento

Difícil semana para los supremos. No sólo deben reñir con las intentonas del gobierno de separarlos de su cargo, sino que, además, ahora deben enfrentar una guerra sindical.

Nada garantiza que el alto tribunal funcione hoy normalmente. El gremio que conduce Julio Piumato, enrolado en las filas del MTA de Hugo Moyano, podría paralizar la actividad judicial.

El motivo no es otro que un reclamo salarial. Los empleados de la Corte quedaron fuera de la recomposición que aprobó el Consejo de la Magistratura para unos 10 mil empleados del Poder Judicial. Son unas 3.000 personas que no fueron incluidas en el salariazo decidido por los consejeros.

En el Palacio de Tribunales arden de furia desde el viernes, cuando se enteraron de que a sus pares les habían acreditado en sus cuentas el aumento del sueldo en $ 200 remunerativos y bonificables retroactivos a mayo de este año, un incremento que será incorporado con todas las de la ley al convenio laboral. A diferencia del resto de los empleados públicos, los judiciales lograron hacerse de un «miniaguinaldo», ya que la mayoría de ellos cobró más de 1.100 pesos. El incremento se otorgó sin el respaldo de partida presupuestaria (por lo tanto, sería ilegal), y los empleados de la Corte no fueron beneficiados con este aumento, sencillamente, porque el tribunal no convalidó esa postura.

El gremialista Piumato quedó así en «off side» y hoy deberá rendir explicaciones ante sus afiliados. Según algunas versiones, ya habría recibido una catarata de cuestionamientos, además de algunos golpes que llegaron a su humanidad.

En realidad, toda la cuestión viene a formar parte de la histórica disputa que mantienen por diferencias de criterio la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, pese a que este cuerpo también está presidido por el veterano juez Carlos Fayt.

Para los supremos, la cuestión presupuestaria está regida por el Poder Ejecutivo. Para los consejeros, rige la ley de autarquía y, por lo tanto, al Poder Judicial le corresponde 3,5% de la coparticipación de la recaudación impositiva. Justifican que ese cálculo económico le permite aumentar los sueldos, además de tener un excedente para la administración de Justicia.

• Decisión

El presupuesto reclamado por el Poder Judicial para el año próximo es superior a los 1.100 millones de pesos, pero sucede que Roberto Lavagna decidió recortarlo y sólo otorgarle a la Justicia 800 millones de pesos. Del total del presupuesto, 90% se va en sueldos.

Era previsible, entonces, un conflicto que Fayt intentó mitigar pidiéndole una audiencia al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con la idea de convencerlo para que respete la suma original proyectada para el funcionamiento de la Justicia. Pero Fernández demoró una respuesta, mientras que el Consejo de la Magistratura avanzó en su idea del salariazo.

Advirtiendo esta situación, en la reunión del martes pasado los jueces supremos dictaron una acordada en la que señalaron que cualquier aumento de salario necesitaba la autorización del Ejecutivo.

Pero la disposición fue desconocida por los consejero, que el miércoles decidió efectivizar el pago del retroactivo a partir de mayo a todos los agentes que dependen de la Magistratura. El único que se opuso fue Joaquín Da Rocha, delegado del Ejecutivo.

Así llamaron a la contadora y a un auditor interno que dependen de la administradora general Cristina Akementis y prácticamente los obligaron a firmar la resolución que disponía la acreditación de los sueldos con el aumento.

«Pero no sabemos si es delito. La Corte sacó una acordada que dice que el aumento depende del Ejecutivo», se resistió la contadora.

Pero los consejeros le dijeron: «Usted firme, porque no es delito, ese dinero nos corresponde». A la contadora no le quedó otra alternativa que firmar.

• Afirmación

Entre los «líderes» de la revuelta se menciona, por el lado de los académicos, a Humberto Quiroga Lavie; por el de los abogados, a Beinuz Smuckler; por el de los jueces, a Claudio Kiper (hermano del ahorrista que logró sacar su depósito pese al «corralito») y a la diputada del ARI Marcela Rodríguez.

En la Magistratura se insiste en afirmar que el Ejecutivo no puede disponer arbitrariamente de las partidas presupuestarias, que debe respetar la autarquía y 3,5% que le corresponde por coparticipación.

Además del reclamo -pseudogremialista por parte de algunos consejeros-, lo que no está claro es cómo podrá funcionar de aquí en más el Poder Judicial: aumentó los sueldos, pese al recorte dispuesto por Economía; el Presupuesto de 2004 es menor que el de este año y, además, se deben habilitar los nuevos juzgados.