Política

Juicio Oil: De Sousa declaró que Carrió saboteó la compra de Petrobrás Argentina

Las acciones de la petrolera brasileña terminaron en manos de Mindlin por Pampa Energía. Intervención de la diputada paralizó la operación en Brasil, luego de haber sido anticipada por La Nación y tomada por Ercolini. Nueva denuncia contra AFIP por exclusión "manual" de un plan general a empresas de medios.

La última audiencia en el juicio por Oil Combustibles comenzó de manera atípica: en la continuidad de su declaración indagatoria, el empresario Fabián De Sousa denunció que la embestida oficial contra el Grupo Indalo continuó en los últimos días. Todas las empresas del holding relacionadas con los medios de comunicación audiovisuales –entre ellas el canal C5N- fueron excluidas de forma “manual” del sistema informático de AFIP para acceder a los planes generales dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri para todos los contribuyentes que necesitaran refinanciar el pago de tributos en medio de la crisis económica. Los planes fueron anunciados como de alcance general, pero los directivos de las empresas constataron que, luego de haber cumplimentado los trámites para acceder, fueron borrados de la base general de AFIP, algo que solo puede hacerse desde los sistemas centrales. Se labraron actas con escribanos de la irregularidad y de que las empresas involucradas que intentaron acceder a la RG 4557 cumplen con los requisitos de ser considerados pymes habilitadas para acogerse al régimen de facilidades. Por ser considerado “arbitrario”, las constancias serán judicializadas en el marco de otra causa que está en pleno trámite.

Por lo demás, De Sousa continuó el relato respecto a las condiciones económico- financieras desfavorables que debió enfrentar Oil entre 2013 y 2015 debido a la devaluación del peso y al congelamiento del precio de las naftas, algo que en el negocio de la refinería (no era una empresa integrada) tenía márgenes exiguos para poder maniobrar con los costos operativos. En ese marco, reveló que existieron reuniones con funcionarios del gobierno kirchnerista de las que participo también el ex-CEO de Shell, Juan José Aranguren, ya que la filial de la petrolera angloholandesa compartía con Oil un status similar: debía comprar el petróleo que refinaba para venderlo en las estaciones de servicio integrantes de su red. No solo Aranguren había sido pedido como testigo en el juicio, sino el propio Axel Kicillof por haber sido ministro de Economía y el secretario de Comercio Augusto Costa. Según De Sousa, las reuniones quedaron asentadas en registros oficiales y de allí la promesa de los funcionarios de que progresivamente los desajustes en la rentabilidad que sufrían las empresas petroleras por tener que pagar el barril de petróleo a un precio más elevado que el internacional en dólares y tener que vender a un valor congelado en pesos que evaporaba el margen de rentabilidad, iban a ser corregidos en un lapso no mayor a un año. Eso fue destacado en la audiencia como una nueva irregularidad en la investigación del caso, a cargo de Julián Ercolini, que omitió cualquier valoración respecto al contexto económico en el que Oil había solicitado acogerse a dos planes particulares aprobados por Ricardo Echegaray que forman parte de los cuestionamientos en el juicio. Ayudado por un pizarrón, volvió a explicar el desglose de los valores considerando impuestos, margen de las estaciones, costos de refinación y la inversión en producción y exploración de las empresas cuyo negocio está “integrado” y que podían hacer frente con mayor solidez al cúmulo de medidas económicas que De Sousa calificó como “ruinosas” durante el kirchnerismo para el negocio petrolero.

Pero el tramo más revelador consistió en el relato cronológico del intento de Oil Combustibles de convertirse en una empresa “integrada” cuando en 2013 llegó a la instancia final para la compra de las acciones de Petrobras Argentina, en una operación multimillonaria por casi u$s900 millones que había requerido de un “crédito puente” internacional y que estaba garantizada con todos los activos del grupo que lideraba Cristóbal López. Tras la firma de los documentos de venta y según su relato, fue la diputada Elisa Carrió la que saboteó la operación haciendo una denuncia pública que fue anticipada por el diario La Nación y que apuntaba a tender un manto de sospechas sobre que el dinero para fondear la compra provendría del blanqueo de capitales que había dispuesto la administración K. El caso fue planteado ante Ercolini en lo que fue, para los empresarios, la antesala de la denuncia análoga que en 2016 terminó en el juicio oral por defraudación que ahora transcurre en Comodoro Py. De Sousa aseguró que ni él, ni López participaron del blanqueo porque no tenían dinero ni activos no declarados. Pero que tras lo señalado por Carrió, el board principal de Petrobras –ante la trascendencia de las acusaciones públicas- declinó la venta para evitar quedar en medio del escándalo. De Sousa no se privó de mencionar que finalmente las acciones de Petrobras, que había avalado toda la ingeniería financiera para ser adquirida por Oil, fue finalmente transferida a Pampa Energía, cuyo titular Marcelo Mindlin habría participado del último blanqueo y además cuenta con una relación personal con el presidente Mauricio Macri. De Sousa prometió volver sobre ese punto precisamente para rebatir una de las acusaciones de Ercolini: ¿La compra de la petrolera Oil y la inversión cercana a los u$s250 millones que realizaron fue para diferir en cuotas el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles como afirma la elevación a juicio?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario