En el marco de la guerra entre Nación y Ciudad por el fallo de la Corte Suprema que devuelve coparticipación quitada a los porteños, Alberto Fernández deslizó por Twitter la idea de activar el juicio político -atado a los gobernadores kirchneristas- contra el titular del máximo tribunal de Justicia, Horacio Rosatti. La oposición reaccionó rápido en las últimas horas a las intenciones del Ejecutivo, con fuertes críticas e incluso una seria advertencia por las derivaciones económicos que pueden tener este tipo de acciones.
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Juicio político: críticas opositoras, lejanía de 2/3 y tensión legislativa
Desde el macrismo y otros espacios antikirchneristas desactivaron las intenciones de Alberto Fernández, quien recibió el respaldo de algunos oficialistas. También tuiteó Cristina de Kirchner.
Más allá de este nuevo round entre oficialismo y oposición, lo cierto es que todos los espacios políticos del país saben que desde que se inició la gestión, e incluso pese a las elecciones de medio término, ninguna fuerza cuenta con los dos tercios de los votos en ambas Cámaras del Congreso para acusar en Diputados y juzgar en el Senado a un magistrado de la Corte.
Las críticas opositoras comenzaron desde el radicalismo en Diputados. Su jefe, Mario Negri, aseguró: “Alberto Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al Presidente de la Corte Suprema con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos. Un apriete infame ara congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y buscar impunidad”.
También se sumó con varios argumentos el titular del interbloque federal en la Cámara baja, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien dejó claro que “el Gobierno comienza 2023 trastabillando” y que “habrá que obligarlo, democráticamente y de manera respetuosa, a que encuentre el mejor sendero en este año corto, complejo y decisivo.
Rodríguez agregó que “el argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en la decisiones del Congreso, sólo tiene el respetable valor de ser una opinión personal del Presidente, pero no es la posición institucional adoptada por el Congreso”, y que además “poco ayuda a la verdadera división de poderes que el Ejecutivo pretenda tutelar al Legislativo y decidir por éste”.
Seguido a ello, el legislador bonaerense explicó: “Con respecto a la medida cautelar en relación a los fondos de la Ciudad, es de público conocimiento que las partes han planteado sus posiciones ante la Justicia, que el proceso aún está en marcha y que el propio gobierno nacional hizo trascender que adoptaría medidas específicas para, llegado el caso, ejecutar la medida contenida en el fallo de la Corte. Todo ello se contrapone con una supuesta ‘crisis del sistema federal’. Si un desafío sigue vigente es, precisamente, renovar la obsoleta ley de Coparticipación y marchar hacia un modelo más justo, en el que la Nación ceda parte de los recursos que hoy no coparticipa para mejorar la distribución de la renta federal en favor de las provincias”.
Anoche, Rodríguez advirtió a Ámbito que “la decisión intempestiva del Gobierno conspira contra la inicial recuperación económica y contra el hilo de confianza que se ha reconstruido en los últimos meses a nivel internacional”, y finalizó: “Un país cuyo presidente va a dedicar tiempo y mucho esfuerzo en intentar voltear al titular de la Corte Suprema de Justicia es un país que traba su recuperación económica”.



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