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Los términos del decreto con el que Rodríguez conjuró el martes último el diferendo regional, que repartió 3 bancas a Santa Cruz y una a Cochabamba a costa de restar dos a La Paz, una a Oruro y otra a Potosí, eran considerados ayer por el influyente comité político empresarial Pro Santa Cruz (CPSCZ). La organización civil, que orienta las decisiones políticas en esa región del este tropical boliviano, llamó a una reunión multisectorial, que incluye a los legisladores cruceños, para expedirse sobre la decisión del jefe de Estado provisional. Uno de sus más influyentes asesores, el abogado Juan Carlos Urenda, adelantó que Santa Cruz acatará el decreto en aras de garantizar las elecciones.
«Si no fuera esta circunstancia... Tenemos esto y hay que tomarlo en cuenta. No se puede desconocer esta situación, y Santa Cruz quiere elecciones, de lo contrario podría suponerse que está en contra de las elecciones», afirmó.
Sin embargo, Santa Cruz, el distrito de mayor envergadura económica del país, considera insuficiente la adición de tres escaños cuando, por su crecimiento demográfico en la última década, le corresponden al menos cuatro, insistió Urenda.
Esta región que ocupa 34% del total del territorio y que alberga casi 25% de la población boliviana, «ha de tomar una decisión en este sentido, es indudable que el elemento de preservar la organización de las elecciones va a ser un elemento de fundamental importancia para la toma de una decisión en apoyo o no al decreto», recalcó.
El presidente del bloque legislativo de Santa Cruz, el diputado Williams Paniagua, concordó con Urenda al asegurar que los representantes de este distrito no se opondrán a la decisión presidencial en la votación legislativa que convertirá el decreto en ley.
«No vamos a votar, pero tampoco vamos a oponernos. En la sesión (legislativa) habrá una amplia mayoría que podrá votar» a favor de elevar a rango de ley el decreto presidencial, esgrimió.
Las bancadas parlamentarias de las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, que pierden escaños con el decreto, se mostraron resignadas y aceptaron validar la decisión de Rodríguez.
Bloques parlamentarios de cuatro de las nueve regiones bolivianas no involucradas en el conflicto -originado por un dictamen del Tribunal Constitucional, que a mediados de setiembre ordenó reasignar las cuotas de poder regional en el Congreso según criterios demográficosdemandaron validar la resolución del Ejecutivo.
La sesión de Diputados debía celebrarse ayer, pero su titular, Norah Soruco, la aplazó hasta el lunes «para que en estos días se enfríen los ánimos» regionales y evitar cualquier posible «boicot». Luego, el texto deberá pasar al Senado.
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