Acosan a Evo brote de violencia y más protestas sociales

Un inesperado rebrote de conflictos sociales acosaba ayer al gobierno izquierdista del presidente Evo Morales con una huelga indefinida de salud, marchas de maestros de la educación pública, cortes de ruta de vendedores ambulantes y mítines de minusválidos. A ese clima de exacerbación social se sumó la violencia desatada por mineros oficialistas en la ciudad de Sucre (sudeste), sede del Tribunal Constitucional, para presionar por un fallo a su favor en un litigio contra pequeños empresarios mineros por la posesión de un yacimiento de estaño.

Se trata del campo de estaño de Posokoni, donde en enero se registraron choques con un saldo de doce muertos y decenas de heridos de bala y dinamita.

Los trabajadores detonaron guías de dinamita contra las oficinas del Tribunal Constitucional que provocaron rotura de vidrios y daños a un portón, además de contusiones a un policía como consecuencia de la onda expansiva de las explosiones.

El gobierno envió al lugar al ministro de Minería, Alberto Echazú, quien intentaba pacificar la ciudad, mientras el diputado opositor Peter Maldonado, que reactivó el conflicto al interponer una demanda de inconstitucionalidad, dijo que no retirará el recurso.

El conflicto está en trance de reavivarse pese a la incorporación de 4.000 mineros privados a la nómina de la estatal Comibol, aunque algunos, que declinaron la oferta oficial, pugnan aún por explotar el rico yacimiento en desmedro del Estado.

En al menos cinco ciudades bolivianas -La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz- se desató una huelga indefinida de trabajadores de hospitales públicos.

La protesta busca presionar al gobierno para que mejore un aumento salarial de 6% ofrecido por el Ministerio de Salud al personal administrativo y de paramédicos y enfermeras de los nosocomios públicos del país.

Los trabajadores estatales en salud demandaron también la creación de más centros hospitalarios, mejor infraestructura y la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo.

En otra arista de los conflictos, comerciantes de ropa de segunda mano manifestaron en varias ciudades del país tras liberar el miércoles, obligados por la policía, una ruta andina en protesta por la decisión del gobierno de eliminar esa actividad y respaldar la industria manufacturera nacional.

Los comerciantes, que importan legalmente 7% de sus compras, se oponen también a participar de un proyecto gubernamental de reconversión productiva que pretende impulsar «actividades de producción de manufacturas en la perspectiva de fortalecer la industria nacional».

Según investigaciones del Viceministerio de Microempresa, el negocio de ropavejeros es manejado por doce familias que entre 2006 y lo que corre de este año lograron utilidades por 100,7 millones de bolivianos (13 millones de dólares).

Los comerciantes de ropa de segunda mano piden al gobierno posponer tres años su decisión de dar fin con el negocio.

Mientras tanto, una agrupación de minusválidos provocó desórdenes en las cercanías de la casa presidencial en demanda de un bono anual de 5.000 bolivianos (625 dólares).

Los incapacitados retuvieron la noche del miércoles por la fuerza a un alto funcionario del Ministerio de Hacienda para obligarlo a negociar su pedido.