La reciente nacionalización del gas y el petróleo fue el inicio de una ofensiva política impregnada de fuerte ideologismo en Bolivia.
El gobierno de Evo Morales prepara ahora una profunda reforma agraria, que involucrará 11% del territorio de ese país. Más allá de su afán reivindicativo, la medida podría derivar en un mayor empobrecimiento, ya que afectará extensiones de tierra en el Oriente, donde se concentra una pujante agroindustria.
Esta es, más allá de los rubros extractivos -gas, petróleo, minería-, una de las pocas actividadeseconómicas competitivasy ahora podría verse amenazada: las ínfimas unidades productivas que surgirán resultan más aptas para una agricultura de subsistencia que para la exportación.
La Paz (AFP, EFE, ANSA, LF, diarios locales) - Después de haber ordenado la nacionalización del gas y el petróleo, el gobierno de Evo Morales proyecta ahora una profunda reforma agraria que implica la expropiación de tierras ociosas del oriente y el norte de Bolivia, una medida que analistas predicen como «la madre de las batallas» del presidente izquierdista de Bolivia.
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El ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Hugo Salvatierra, precisó los alcances de la iniciativa al afirmar que permitirá distribuir entre 11 y 14 millones de hectáreas --11% del territorio nacionalentre 2,5 millones de personas -27% de la población-.
«Es una nueva reforma agraria la que se va a hacer, pero lo que está claro es que se trata de una transformación lo suficientemente profunda en las estructuras socioeconómicas e institucionales del agro», dijo, por su parte, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, citado ayer por el influyente diario paceño «La Prensa».
La reforma será anunciada antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto próximo, y se constituirá en la segunda de su tipo en la historia boliviana después de la aprobada en 1953, durante la revolución nacionalista realizada por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro (1952-1956).
Según el ministro, la reforma agraria supondrá la abolición del latifundio, permitido hoy por la Constitución, común sobre todo en los departamentos del oriente del país: Santa Cruz, Pando y Beni. En el Altiplano de la región andina y en los valles centrales de Bolivia donde, por el contrario, existe una fragmentación de la propiedad, se procederá, en cambio, a una redistribución de tierras fiscales.
Bolivia es uno de los países del continente con mayor concentración de la tierra. El anuncio se efectuó una semana después de que Morales, primer presidente indígena en la historia boliviana, pusiera en marcha a través de un decreto un proceso de nacionalización de la riqueza hidrocarburífera del país, que desde 1996 estaba en manos de consorcios extranjeros.
Objetivo
La administración Morales, que ha prometido nacionalizar también los yacimientos mineros del país, actualmente explotados por privados, busca abolir el latifundio. Durante su campaña Morales proclamó su decisión de revertir a propiedad del Estado miles de hectáreas de tierra, principalmente en las tropicales regiones de Santa Cruz (este), el distrito más rico del país y sede de un poderoso empresariado agroindustrial, además de Pando (norte), Beni (nordeste) y la provincia de Gran Chaco ( sudeste). El fin es confiscar tierras distribuidas de modo supuestamente irregular en gobiernos pasados y usadas con fines aparentemente especulativos.
Analistas ven en esta anunciada ofensiva la mano del presidente venezolano, Hugo Chávez, sospechado también de haber inspirado los detalles y el momento del anuncio de la nacionalización del gas. Ocurre que éste ha llevado adelante una campaña similar en su país, haciéndose de grandes extensiones de tierras cuyos títulos de propiedad eran igualmente objetados.
«La propiedad agraria ha generado el ejercicio del poder» en Bolivia, según Almaraz, para quien latifundistas utilizan las propiedades concedidas por el Estado «para conseguir jugosos créditos y revender los terrenos».
Amenaza
Analistas advierten sin embargo que la política de reparto de tierras anunciada por Morales amenaza con desatar violencia, como la que se generó entre 2000 y 2005, lapso en que al menos 100 campesinos sin tierra perdieron la vida en diversos intentos por tomar haciendasen el oriente boliviano.
«Puede haber violencia y enfrentamientos. Es un tema delicado. Este tipo de medidas ha generado en otras partes conflictos muy duros», predijo el analista Marcelo Varnoux. El Movimiento de los Sin Tierra (MST) que agrupa a 250.000 familias de campesinos pobres, demanda recurrentemente la dotación de tierras de cultivo. El MST, que apoyó a Morales en la campaña electoral, exige la revocatoria de la ley de distribución de tierra de 1996, que sucedió a la reforma agraria de 1953.
El movimiento pide que le sean entregadas unas 500.000 hectáreas de tierras fiscales, improductivas en diversos puntos del país.
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