Amenazas desde huelga hasta separatismo

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La Paz (EFE, Reuters, diarios locales) - La indefinición del presidente Carlos Mesa en torno a la promulgación o el veto a la nueva Ley de Hidrocarburos mantenía anoche en vilo a Bolivia. Según analistas, la decisión de Mesa de no asistir a la cumbre sudamericano-árabe de Brasilia constituía una clara indicación de las divisiones de su gabinete alrededor de la norma, ya que se había anticipado que el gobierno anunciaría su decisión antes de dicho evento.

La polémica por la mencionada ley mantiene paralizada la construcción del gasoducto central de la Argentina de Repsol YPF y podría derivar en severos problemas de suministro e -indirectamente- a Chile, por lo que su desenlace reviste gran importancia para la región. Brasil sacaría ventajas porque pagó combustible, pero importó menos, por lo cual «le debe» Bolivia y, por ahora, no podrían aplicarle la nueva ley.

La prensa boliviana coincidía ayer en que el dilema del mandatario consiste en que la norma no satisface a ningún sector: la comunidad internacional presiona para que la vete, y los empresarios petroleros la consideran confiscatoria. Pero la izquierda -que la promovió- se muestra ahora descontenta con las reformas que le introdujo el Senado por considerarla insuficiente y de difícil cobro para el fisco. Los movimientos sociales amenazan con una ola nacional de protesta: el 16 harán una marcha a La Paz. Sin embargo, Mesa -afirman-podría tener una motivación para promulgarla: la posibilidad de que, en su lugar, el Congreso sancione una ley de corte todavía más nacionalista y estatista.

«El Diario» de La Paz señalóque «el hermetismo gubernamental aumenta la incertidumbre sobre la promulgación o no de la nueva Ley de Hidrocarburos».

«Fuentes allegadas al Palacio Quemado (Casa de Gobierno) indicaron que durante la reunión ministerial, en la que también tomaron parte los legisladores de la ' bancada patriótica' (que respalda a Mesa), surgieron dos grupos, uno a favor de la inmediata promulgación de la norma y otro que sugirió su devolución al Congreso con las observaciones respectivas», añadió el periódico paceño
.

Según «El Diario», el gabinete está «en sesión permanente hasta llegar a una definición sobre este tema». Trascendió que una vez terminado el análisis y las consultas con todos los sectores involucrados, «será una votación en el gabinete el mecanismo que defina la promulgación o no de la norma».

La impasse sobre la Ley de Hidrocarburos está bloqueando, además, el anuncio de un ambicioso plan económico prometido por Mesa, que también incluirá una definición sobre la posibilidad del « ingreso de Bolivia al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos», añadió.

Según ese medio,
Mesa enfrenta además fuertes presiones externas contra de la norma. «Se supo que el jefe de Estado atendió llamadas del exterior, una de ellas fue la del presidente de la Corporación-Andina de Fomento, Enrique García, y otras de España, la Argentina y Brasil».

En la misma línea informó el influyente diario «La Razón», aunque éste ahondó en un aspecto diferente: «En marzo el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a respetar los contratos de la inversión extranjera, compromiso que ahora complica el futuro de la Ley de Hidrocarburos».

Entre las llamadas extranjeras que se recibieron en el despacho de Mesa, se contaron varias de «organismos internacionales, algunas en tono reflexivo y otras de preocupación ' porque los alcances de la ley tienen aspectos confiscatorios que vulneran normas de derecho internacional y que darían lugar a litigios contra el país'».

• Compromiso

De acuerdo con «La Razón», de La Paz, el programa stand-by «que sostiene el país con el FMI desde 2003, y que fue ampliado hasta marzo del próximo año, señala: «En general, nos comprometemos a mantener un marco general atractivo para la inversión extranjera, incluyendo el respeto para los contratos firmados, porque consideramos el mantenimiento de las reglas establecidas por ley como críticas para las proyecciones de Bolivia en el mediano plazo'. De promulgar la ley, Mesa incumpliría el acuerdo, ya que la norma obliga a las empresas a firmar nuevos contratos», explicó.

En ese sentido, «La Razón» recordó que «el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos,
Randall Quarles, expresó su preocupación porque la ley ' inhibe la inversión extranjera'».

«El Deber», de Santa Cruz de la Sierra, coincidió con la información sobre la división que se ha dado en el gabinete, las llamadas internacionales y la indefinición del plan económico a raíz de la polémica por la ley del gas. Además, informó que ya «preparan frentes de movilización para que no se promulgue la ley».

Más allá de esto, es de particular importancia lo que sucede en Tarija, la zona limítrofe con la Argentina más rica en gas. El diario «El País» de esa ciudad informó sobre el ángulo local de la noticia, en el que predomina la amenaza autonomista de la región.

Así, informó que el presidente-Mesa ha sido emplazado «para que llegue o envíe a una comisión gubernamental integrada por los ministros de la Presidencia, de Hacienda, Hidrocarburos y de Servicios y Obras Públicas» a fin de tratar las demandas locales. En caso contrario, se indicó, «se convocará en forma inmediata a cabildo abierto para definir el destino del Departamento de Tarija por la desatención gubernamental».

«El País» advirtió que el paro cívico -que cumplió ayer cinco días-«generará pérdidas económicas si se prolonga, como se teme en la actualidad».

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