Aprueba el Parlamento europeo polémica ley de repatriación de inmigrantes ilegales
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Imagen del diario italiano "La Repubblica".
La directiva recibió el apoyo mayoritario del Partido Popular europeo, de buena parte de los liberaldemocráticos, y del grupo de derecha UEN, así como de un buen número de euroescépticos.
La Izquierda Europea, como estaba anunciado, se pronunció contra la directiva, que cosechó expresiones de rechazo de varios gobiernos latinoamericanos.
"Gracias a la votación de hoy la UE ha logrado un objetivo importantísimo: emprender la construcción de una arquitectura de normas comunes para la expulsión de los inmigrantes ilegales", comentó con satisfacción el ministro italiano para Política Europea, Andrea Ronchi, miembro del gobierno conservador de Silvio Berlusconi.
Según Ronchi, "la decisión del Parlamento de Estrasburgo es la prueba de que la línea de firmeza, basada en los principios de legalidad y solidaridad, adoptada por Italia en materia de inmigración,
está prevaleciendo ya en toda Europa".
El eurodiputado italiano Vittorio Agnoletto, de la Izquierda Europea, sostuvo en cambio que con esta directiva "triunfan el racismo y la segregación".
"Acabó una época: hoy se enterró la Europa de la Revolución Francesa y del Iluminismo", agregó Agnoletto, quien comentó con amargura que "esta es la repuesta que da la UE a quien escapa del hambre y de la pobreza".
La directiva aprobada fue criticada duramente por Amnistía Internacional (AI), según la cual esta norma "no garantiza un retorno seguro y digno de los inmigrantes".
"Es más, la excesiva detención que fue prolongada a un año y medio corre el riesgo de bajar los estándares europeos en materia de derechos humanos", agregó.
Para Giusto Catania, del partido italiano Refundación Comunista, hoy el Parlamento Europeo "escribió una de las páginas más oscuras de su historia".
"Este texto cancela siglos de civilización jurídica y pone a Europa en las manos de culturas impregnadas de xenofobia y de rastrero racismo", añadió.
La directiva deberá recibir ahora la aprobación formal de los ministros de Justicia e Interior, en una
reunión prevista para julio.
Los países europeos tendrán luego dos años de plazo para ajustar la norma a sus legislaciones nacionales.
