Arrestaron por malversación a viuda e hijos de Pinochet
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Jacqueline y Verónica
Pinochet Hiriart (arriba
y abajo),
hijas del fallecido ex
dictador chileno, ayer
al ser detenidas en
Santiago. La ofensiva
judicial contra la
familia de Augusto
Pinochet provocó
reacciones airadas
entre sus simpatizantes,
como una mujer
que salió a manifestarse
busto en mano
(izquierda).
La investigación sobre la fortuna de Pinochet en 2005, comenzó tras descubrirse que mantenía cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades (ver aparte).
«El origen de 20.199.753,03 dólares no encuentra justificación razonable y todo hace presumir que se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidenciade la República, a la Casa Militar y a la comandancia en jefe del ejército de Chile», puntualizó el juez Cerda.
Entre 1973 y 2003, los ingresos legítimos de Pinochet sumaron 2.146.473.111 pesos (unos 4,2 millones de dólares al cambio actual), incluidos su sueldo del ejército, su dieta como senador, su pensión como ex presidente de Chile, honorarios, intereses de capitales mobiliarios, dividendos, préstamos, ventas de bienes raíces, ventas de vehículos, devolución de impuestos y viáticos.
Entre los procesados figuran los generales retirados Guillermo Garín, Jorge Ballerino y Guillermo Letelier, todos ex jefes de la Casa Militar. También se cuentan dos abogados defensores de Pinochet, Ambrosio Rodríguez, que durante su régimen fue procurador general de la República, y Gustavo Collao. Tres de los procesados están en actividad en el ejército: los coroneles Juan McLean Vergara, ex agregado militar de Chile en Estados Unidos, y Mortimer Jofré, otrora jefe de relaciones públicas de la rama castrense y secretario de Pinochet, además de Mónica Ananías, que fue secretaria privada del dictador. Basado en la presunción de inocencia, el gobierno descartó por ahora dar de baja a los coroneles.
El juez Carlos Cerda retomó el caso hace una semana, después de haber estado alejado más de un año a causa de recusaciones presentadas por la defensa de los Pinochet, que lo acusaba de animadversión y parcialidad.
En un diálogo con los periodistas, el magistrado afirmó que estando acreditada, «con copiosos antecedentes», la existencia del delito, «hay presunciones fundadas, también justificadas en la resolución, en el sentido de que esas personas han tenido participación en ese delito». «Nos interesa, como jueces, que la Justicia genere paz sobre la base de la verdad», añadió y se manifestó esperanzado de que la sociedad «tenga esta posibilidad de acceder a la veracidad de los hechos ocurridos».
Según informaron las autoridades, las mujeres procesadas serán recluidas en el Centro de Orientación Femenino y los civiles hombres en dos penales de la capital, mientras los uniformados cumplirán su detención en un batallón de la Policía Militar.
La excepción será Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet, a la que se le permitirá cumplir su detención en el Hospital Militar, donde fue internada con una descompensación tras haber conocido la noticia de los procesamientos.
El legado político de Pinochet sigue provocando fuertes divisiones en Chile. Por un lado, la izquierda recuerda permanentemente las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen; por el otro, la derecha le reconoce haber vencido al comunismo y haber instaurado en el país un modelo económico exitoso que se mantiene hasta hoy. Lo que nunca unos y otros le habían cuestionado era su honradez, situación que cambió drásticamente hace dos años al conocerse el caso de las cuentas en el Riggs Bank.




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