Aseguran que la infanta Cristina no quiere renunciar

La infanta Cristina no va a renunciar.

La imputación por blanqueo de capitales de la infanta Cristina, séptima en la línea de sucesión al trono, reabrió el debate sobre si debe o no renunciar a sus derechos dinásticos. La hija de los reyes Juan Carlos y Sofía, imputada, no está dispuesta ni a renunciar a sus derechos dinásticos ni a divorciarse de su esposo, Iñaki Urdangarín, acusado en el mismo caso desde 2011, según el diario El País.

El rey, añade el rotativo, no se lo pidió y ella no lo hará. La reina Sofía, según otras fuentes periodísticas, siempre fue remisa a esa posibilidad, mientras que los príncipes Felipe y Letizia -los más perjudicados por el caso, según las encuestas- la verían con alivio.

La renuncia a sus derechos dinásticos sería un gesto simbólico pues la infanta es la séptima en la línea de sucesión al trono por detrás de su hermano, el príncipe Felipe, sus dos hijas, su hermana, la infanta Elena, y los dos hijos de esta.

Además, desde la imputación de Urdangarín en diciembre de 2011 por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y prevaricación, ella y su esposo fueron apartados de la agenda de actos oficiales de la familia real.

El gesto, aunque se trate de una decisión simbólica, fue solicitado a la infanta Cristina desde programas radiofónicos y televisivos, al igual que lo fue en abril pasado, cuando el juez le imputó por primera vez, medida que fue anulada posteriormente por un tribunal.

El diario monárquico ABC pidió el año pasado en un editorial a la infanta "gestos explícitos e inequívocos para asumir la gravedad de la situación".

También el ex presidente del Congreso de los diputados, el socialista José Bono, dijo que su renuncia sería "un gesto muy importante que daría prestigio" a la corona, en un momento de baja popularidad.

El juez José Castro imputó a la infanta Cristina por supuesto blanqueo de capitales y delito fiscal, y la citó a declarar el 8 de marzo.

La imputación de la infanta, quien no está aforada a diferencia del monarca, es la primera de un miembro de la familia real.

La hija menor del rey supuestamente cometió los delitos en su condición de copropietaria al 50% de Aizoon, empresa cuya propiedad compartía con su esposo y a la que desviaron más de un millón de euros conseguidos en forma ilícita de administraciones públicas desde el Instituto Nóos, dirigido por Urdangarín.

Aizoon, que carecía de "estructura empresarial", era utilizada por Urdangarín y la infanta como empresa pantalla para blanquear los fondos ilícitos o evitar el pago de impuestos, según la Audiencia de Palma.

La empresa además se utilizó para realizar gastos personales de la infanta y su familia que se presentaron falsamente como gastos de explotación de Aizoon.
El blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años y el delito fiscal de cinco años, además de las multas.

El yerno del rey "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer, "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado", señala el juez en el auto de 227 páginas.