Bélgica: el gobierno renunció sumido en un escándalo con la Justicia

Yves Leterme.

Bélgica se hundió en una nueva crisis política tras la dimisión en pleno del Gobierno, acusado de haber presionado al poder judicial para evitar que paralizara la división y venta de Fortis, el primer grupo bancario y de seguros del país.

Tras recibir en audiencia al primer ministro, Yves Leterme, el Rey Alberto II inició consultas con los principales dirigentes políticos del país, dejando en suspenso su decisión.

La caída del Ejecutivo, liderado por Leterme, se vio precipitada al trascender las presiones contra los jueces que debían pronunciarse sobre la denuncia de un grupo de accionistas de Fortis, que exigían ser consultados sobre la separación del grupo.

Según reconoció el propio Leterme, su jefe de gabinete mantuvo contactos con el marido de una de las magistradas -que no llegó a firmar la sentencia, al encontrarse enferma-, aunque el primer ministro insiste en que, en ningún caso, se trató de influir u obstaculizar el procedimiento judicial.

Hoy, el Tribunal de Casación belga, la más alta instancia judicial del país, emitió un informe en el que señala que, aunque no hay pruebas concretas que demuestren una intervención, existen "indicios serios" de presiones desde el Gobierno al poder judicial.

Tras conocerse el informe, el primero en presentar su renuncia fue el titular de Justicia, Jo Vandeurzen, al que le siguió después todo el Gobierno en pleno.

Leterme ya ofreció en julio pasado su dimisión al Rey, ante las dificultades para sacar adelante la reforma institucional prometida por los partidos flamencos, pero Alberto II no la aceptó.

El político democristiano flamenco, vencedor de las elecciones legislativas de junio de 2007, tuvo muchos problemas para formar un Gobierno por la resistencia de los partidos francófonos a aceptar las exigencias de los flamencos de más descentralización administrativa.

Leterme llegó a renunciar dos veces en el intento de lograr una coalición de Gobierno y sólo lo logró tras nueve meses de negociaciones.

La precariedad era la principal característica de una coalición muy amplia, formada por cinco partidos, los democristianos y liberales flamencos y francófonos, y los socialistas francófonos.

A los problemas para conciliar posturas muy alejadas en torno a cuál debe ser la estructura institucional de Bélgica -donde conviven tres comunidades lingüísticas, flamenca, francófona y germanófona-, se sumaron en los últimos meses las consecuencias de la crisis financiera internacional y la desaceleración económica.

Fortis, la entidad más importante del país y el principal empleador privado, se convirtió en el primer gran banco europeo víctima de las turbulencias financieras y sólo una intervención coordinada a finales de septiembre de los Gobiernos belga, holandés y luxemburgués le salvó de la quiebra.

Tras la nacionalización parcial del grupo por los tres gobiernos del Benelux, el Estado holandés decidió adquirir a principios de octubre todo el negocio en Holanda.

Por su parte, los Gobiernos belga y luxemburgués nacionalizaron el resto de Fortis y acordaron vender al banco francés BNP Paribas el grueso del negocio bancario en Bélgica y Luxemburgo, y los seguros en Bélgica.

Pero los accionistas del grupo, al ver cómo sus acciones pasaban a no valer casi nada y descontentos por no haber sido consultados, recurrieron a los tribunales.

Tras una primera sentencia que dictaminó que la venta de los activos a BNP no fue irregular, un tribunal de apelación ordenó la paralización de esa operación, así como de todas las decisiones adoptadas en octubre, hasta que no se pronuncien los accionistas.

El grupo debe convocar una asamblea de accionistas con ese objetivo antes del próximo 12 de febrero.