Bélgica evalúa pedir colaboración al Ejército por la amenaza terrorista
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Frente a las críticas de quienes consideran la medida desproporcionada, consideró que "ante la existencia de amenazas potenciales, tiene sentido" facilitar la colaboración del Ejército en tareas de vigilancia y recordó que serán decisiones de carácter temporal, que durarán un mes prorrogable.
Las medidas contenidas en el plan federal son de carácter penal, administrativo y protocolario, explicó el Gobierno belga.
Dos de las más destacadas son la ampliación de las posibilidades de retirada de la nacionalidad y la retirada temporal del carné de identidad o del pasaporte, así como la negativa de entregar este último documento a un sospechoso de terrorismo, a fin de evitar su desplazamiento.
Además, el plan incluye la introducción en el código penal de una nueva "infracción terrorista", la relativa al desplazamiento al extranjero con fines terroristas.
Igualmente se ampliará la lista de delitos -dando lugar a la utilización de métodos particulares de investigación- como la incitación al terrorismo, el reclutamiento y el entrenamiento de sospechosos de terrorismo.
Bélgica se plantea igualmente activar el mecanismo previsto por la ley para identificar a personas implicadas en la financiación del terrorismo y cuyos activos serán congelados, y revisar la circular sobre "combatientes extranjeros" de septiembre pasado.
El texto relativo a la gestión de la información y las medidas de seguimiento de combatientes que se encuentran en Bélgica será adoptado con el fin de conseguir una simplificación de las estructuras actuales, una división más clara de las labores entre los diferentes servicios y una sistematización de la manera en que se llevan a cabo las vigilancias de seguimiento.
Otros puntos del plan antiterrorista establecen la optimización del intercambio de información entre las autoridades y las agencias administrativas y judiciales, y la aceleración de la revisión del plan de 2005 contra la radicalización, a fin de tener en cuenta las evoluciones recientes.
Para luchar contra la radicalización en las cárceles, el Gobierno quiere mejorar la formación del personal penitenciario y la colaboración con los consejeros y la comunidad musulmana para detectar mejor a los detenidos radicalizados y a aquellos que los incitan a la radicalización.
Por último, el Ejecutivo federal se plantea reformar las estructuras de los servicios de inteligencia y de seguridad.
A estas doce medidas pueden sumarse otras complementarias, pero Michel dijo que el Estado no iba a dar detalles de iniciativas adicionales, "por razones que cualquiera puede comprender"



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