El Congreso de Bolivia aprobó este viernes un programa de crédito por u$s1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), después del acuerdo alcanzado en julio entre un equipo técnico del organismo y el gobierno de Rodrigo Paz.
Bolivia aprobó un crédito de u$s1.900 millones con el FMI y eliminará los subsidios a los combustibles
El Congreso boliviano autorizó un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional para respaldar las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Rodrigo Paz. El acuerdo contempla la eliminación total de las subvenciones energéticas desde enero, una reducción del déficit fiscal y la implementación de un tipo de cambio flexible.
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El Congreso de Bolivia aprobó el acuerdo con el FMI.
El financiamiento tendrá una duración de 36 meses y deberá recibir ahora la aprobación definitiva del directorio del FMI. El Gobierno boliviano espera que esa instancia se concrete el próximo 2 de octubre y que pocos días después llegue un primer desembolso cercano a los u$s250 millones.
El Senado dio la aprobación definitiva al acuerdo
La iniciativa recibió el jueves el aval de la Cámara de Diputados y posteriormente fue sancionada por el Senado, que autorizó el endeudamiento "destinado a respaldar el programa integral de reformas económicas del país".
Paz celebró la decisión del Parlamento y aseguró que el financiamiento estará destinado a fortalecer la situación económica del país. "Estos recursos no le pertenecen a una gestión, están destinados a blindar nuestras reservas, estabilizar la economía y abrir oportunidades reales de inversión y empleo", escribió el mandatario en X.
El Ejecutivo considera que el respaldo del organismo internacional será una herramienta para enfrentar la crisis económica que atraviesa Bolivia, en un escenario marcado por la escasez de dólares, gasolina y diésel.
Bolivia eliminará los subsidios a los combustibles
El acceso al programa del FMI quedó condicionado a una serie de reformas. Entre ellas aparece la eliminación completa de los subsidios a los combustibles a partir de enero del próximo año.
Bolivia también se comprometió a reducir el déficit fiscal, disminuir el gasto corriente y garantizar un tipo de cambio flexible.
Paz ya realizó en diciembre un fuerte ajuste sobre las subvenciones a los carburantes, una política que había sido sostenida durante las administraciones anteriores. Sin embargo, los problemas de abastecimiento persistieron y el país continuó registrando faltantes de combustibles y divisas.
Con la nueva reforma, el Gobierno dejará atrás los precios fijos para la gasolina y el diésel. Los valores pasarán a fluctuar de acuerdo con las condiciones del mercado internacional.
La administración de Paz argumentó que el esquema anterior también incentivaba el contrabando de combustibles hacia países vecinos y contribuía a profundizar la escasez dentro de Bolivia.
La eliminación de los subsidios generó cuestionamientos entre sectores directamente afectados por el aumento del costo de los carburantes, hecho que los afectaría directamente. Sindicatos de choferes y organizaciones de productores agrícolas, dos de los sectores con mayor consumo de combustible, rechazaron la medida y amenazaron con impulsar protestas si el Gobierno no atiende sus reclamos.
La reforma representa uno de los principales compromisos asumidos por Bolivia para acceder a los recursos del FMI y forma parte del programa económico con el que la administración de Paz busca estabilizar las cuentas públicas.
El regreso de Bolivia al financiamiento del FMI
El nuevo acuerdo también supone un cambio respecto de la relación que mantuvieron con el organismo los gobiernos de Evo Morales entre 2006 y 2019 y de Luis Arce entre 2020 y 2025. Ambos dirigentes fueron críticos del FMI y sus administraciones no recurrieron a este tipo de endeudamiento.
Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en 2020, Bolivia recibió un préstamo de u$s327 millones para enfrentar las consecuencias de la pandemia de Covid-19. Posteriormente, Arce devolvió esos recursos bajo el argumento de que el financiamiento era contrario a las normas bolivianas.
Paz llegó al poder después de casi dos décadas dominadas por las administraciones de Morales y Arce y planteó una modificación de la política económica para afrontar la crisis.
El Gobierno busca otros u$s5.000 millones
Tras la aprobación parlamentaria, el próximo paso será la consideración del programa por parte del directorio del Fondo. Según explicó el viceministro de Tesoro, Óscar Navarro, el Ejecutivo espera que la ratificación se produzca el 2 de octubre. Una vez concretada, Bolivia podría recibir un primer desembolso de aproximadamente u$s250 millones pocos días después.
Además, el Gobierno pretende que el acuerdo con el FMI facilite el acceso a otros u$s5.000 millones en financiamiento internacional, provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos multilaterales.
De concretarse esos recursos, la administración de Paz buscará utilizarlos junto con el programa del FMI para fortalecer las reservas y avanzar con las reformas económicas, mientras enfrenta el rechazo de los sectores que cuestionan la eliminación definitiva de los subsidios a los combustibles.
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