Una ruta de acceso a la ciudad boliviana de El Alto, contigua a La Paz, totalmente bloqueada. Las protestas contra el gobierno se extendieron también a Santa Cruz de la Sierra.
La Paz (AFP, ANSA, EFE, DPA) - El gobierno de Bolivia cedió ayer a las presiones de grupos radicales y anunció la rescisión del contrato de la concesionaria francesa Aguas del Illimani por « razones técnicas y legales», como corolario de una huelga en la ciudad de El Alto, cuyos vecinos exigían la expulsión de la firma europea.
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Esto se produjo en momentos en que la tensión crecía en todo el país, dado que el departamento de Santa Cruz, el más pujante del país, se sumó a las protestas contra el presidente Carlos Mesa, en este caso, en repudio al aumento del precio de los combustibles.
En medio de este clima, Mesa había asegurado que si las protestas degeneraban en hechos de violencia, presentaría su renuncia.
• Argumento legal
«El gobierno ha determinado por diversas razones técnicas y legales que Aguas del Illimani se va a ir, se está buscando ese argumento legal», afirmó el prefecto ( gobernador) del departamento ( provincia) de La Paz, Nicolás Quenta.
La decisión fue comunicada a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), promotora de una huelga general que ayer mantenía por segundo día consecutivo paralizado de El Alto, epicentro de una revuelta popular que en octubre de 2003 depuso al presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada. En una nota enviada a la Fejuve y firmada por el ministro de Obras Públicas, Jorge Urquidi, y cuyo original debe ser remitido a la filial boliviana de la Suez Lyonnaise Des Eaux, la administración del presidente Mesa anunció el «comienzo del cierre de operaciones» para el suministro de agua y servicios de alcantarillado en El Alto y también en La Paz.
Horas antes de este desenlace, el viceministro de Coordinación Parlamentaria, Carlos Agrega, había advertido que la toma de las instalaciones de la compañía de aguas prometida por los manifestantes equivaldría a caer «en la trampa que nos están tendiendo para señalar que en Bolivia hay un ambiente de convulsión y que no se respeta a los inversionistas». Medios locales especulaban con que una rescisión unilateral del contrato entre La Paz y la concesionaria Aguas del Illimani podría ser causal de un juicio por unos 70 millones de dólares de indemnización.
En tanto, Santa Cruz, bastión de la economía boliviana que recientemente ha mostrado una incipiente tendencia separatista, se alzó contra las subas de los combustibles, sobre todo el gasoil, el más empleado por la industria de la soja, que se asienta en esa zona tropical del país. Santa Cruz consume 60% del diésel que se vende en Bolivia.
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