Bolivia: frágil calma tras tregua entre mineros

Familiares de víctimas caídas en los enfrentamientos entre mineros.

La Paz (Télam/SNI).- El gobierno de Bolivia ratificó ayer que el lunes comenzará un "diálogo franco" entre los sectores de mineros que el jueves y viernes protagonizaron graves enfrentamientos armados que produjeron al menos 16 muertos y 81 heridos, mientras la zona del conflicto permanecía anoche bajo una frágil calma.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reiteró el pedido para que se respete la tregua acordada el viernes hasta el lunes por la mañana, cuando comiencen las negociaciones entre los sectores en pugna, asistidos por representantes del gobierno, la Iglesia católica y organizaciones civiles.

Mientras tanto, permanecían en la zona del conflicto -el cerro Posokoni, en el departamento Oruro, a unos 270 kilómetros al sur de La Paz- los 700 efectivos policiales movilizados el viernes, cuando los enfrentamientos armados habían recrudecido pese al primer acuerdo de paz firmado el jueves.

El gobierno reportó oficialmente que entre los dos días de conflicto fallecieron 16 personas y otras 81 quedaron heridas, aunque el periódico El Diario, de La Paz, elevó la cifra de muertos a 21 y la agencia noticiosa italiana Ansa advirtió que el número de víctimas fatales podría aumentar porque al menos 12 de los heridos estaban muy graves.

Los disturbios comenzaron el jueves, cuando se enfrentaron a tiros y con detonación de cartuchos de dinamita trabajadores de la Corporación Minera Boliviana (Comibol) y de cooperativas, por el control de Huanuni, la mina de estaño más grande del país y la única que pertenece al estado nacional.

El presidente Evo Morales atribuyó los disturbios a una conspiración contra su gobierno; relevó al ministro de Minería, Walter Villarroel, representante de los cooperativistas; lo reemplazó por Guillermo Dalence, dirigente sindical de la Comibol, y anunció una modificación radical de su política minera.

El episodio significó la segunda crisis ministerial en menos de un mes, tras la reciente renuncia de Andrés Soliz Rada al cargo de ministro de Hidrocarburos, que podría extenderse, ya que "circulaba la versión de que habría mayores cambios" de funcionarios, según dijo ayer a Télam el embajador argentino en La Paz, Horacio Macedo.

También determinó el final de la alianza que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) sostenía con el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) desde 2005, según anunció el presidente de la entidad, Pascual Huarachi.

Macedo afirmó que la crisis va a requerir "una solución de la minería en Bolivia", que comienza a vislumbrarse con "un proyecto de ley que brinde marco legal a la creación de una empresa de economía mixta entre asalariados y cooperativistas".

Los 4.000 mineros organizados en cooperativas explotan desde 1985 la parte alta del yacimiento, hasta los 150 metros de profundidad, pero, por falta de equipos, trabajan sólo en sectores casi agotados y en pequeña escala.

De los 200 metros de profundidad para abajo, el yacimiento pertenece a la Comibol, cuyos 1.000 trabajadores explotan el sector más rico, que produce unas 315 toneladas mensuales que mayoritariamente se exportan a China y generan unos cinco millones de dólares.

Las diferencias entre los dos grupos comenzaron cuando el precio internacional pasó de cuatro dólares la tonelada métrica, en 2002, a 7,3 dólares en 2005.

Los disturbios comenzaron el jueves pasado, al terminar una asamblea en la que los cooperativistas fueron informados de que el gobierno rechazó el pedido para que les adjudicaran la totalidad de la mina y les ofreció, en cambio, la explotación de una parte de ella.

Asalariados y cooperativistas se culpan mutuamente por el comienzo de los ataques, que incluyeron la voladura de los compresores que alimentaban de oxígeno el interior del yacimiento, así como del hospital, la iglesia, la sede local de Radio Nacional y numerosas viviendas.