9 de mayo 2005 - 00:00

Bolivia: las petroleras, duras contra la nueva ley

Carlos Mesa
Carlos Mesa
La Paz (AFP, EFE) - La Ley de Hidrocarburos que devuelve al Estado boliviano su competencia en el negocio petrolero y que eleva a 50% la carga tributaria de las petroleras extranjeras provocó ayer un contundente rechazo de éstas y -curiosamente- también de la izquierda que la había impulsado. Mientras, fuentes cercanas al gobierno de Carlos Mesa sugerían que éste, contrariamente a lo que había anticipado, podría inclinarse por su promulgación.

La privada Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) advirtió que la eventual promulgación de la nueva ley provocará un retroceso económico traducido en desempleo, parálisis de la inversión extranjera y caída de la producción petrolera.

La CBH -que aglutina a 20 petroleras de Europa, Asia, Estados Unidos, Brasil y la Argentina- advirtió que «si la Ley de Hidrocarburos es aprobada por el Poder Ejecutivo, lejos de traer bienestar al país, provocará un perjuicio para Bolivia».

Apuntó entre las seguras secuelas «la pérdida de miles de fuentes de trabajo directas e indirectas que hoy dependen de la actividad petrolera» y «la disminución de la actividad económica» en el todo el país, «con impacto directo en el comercio, la industria y los servicios». También, la «caída de la producción y, por lo tanto, de la recaudación fiscal con el consiguiente deterioro de las actividades desarrolladas por el Estado».

La entrada en vigor de la ley, que restablece las competencias del Estado en la producción petrolera y que fuera votada el jueves último por el Congreso boliviano, anulará los proyectos para desarrollar pequeños campos petroleros y repercutirá, por tanto, en la producción de diésel, carburante imprescindible para la agroindustria del oriente del país.

Por último, en consonancia con el empresariado boliviano y el mismísimo Mesa, vaticinó una «fuerte disminución de la inversión privada en el sector de los hidrocarburos», así como la «afectación de la seguridad jurídica y pérdida general de la credibilidad de las instituciones de la nación».

• Presiones

Reunido a puerta cerrada desde media mañana con su gabinete, Mesa, que enfrenta múltiples presiones, estudiaba la conveniencia de promulgar o no la ley que el mismo tachó, hace siete semanas, cuando amagó con renunciar, de « suicida» para el país, el más pobre de Sudamérica, paradójicamente poseedor de la segunda reserva de gas de Sudamérica, detrás de Venezuela.

«Ya que la ley tiene la aprobación del Congreso y además fue consensuada por los sectores sociales, al presidente Mesa, como una señal a la democracia, no le queda más que promulgar la ley»,
declaró un alto funcionario gubernamental citado por el diario «La Razón».

En una paradoja sin parangón, los movimientos sociales y el partido del líder cocalero
Evo Morales rechazan con similar contundencia que la CHB la legislación que, a su entender, valida «tácitamente» los contratos privados de operación vigentes desde 1997 y que el Tribunal Constitucional declaró hace un mes ilegales por carecer de la aprobación del Congreso.

El espíritu de esta ley fue dictada por el Movimiento Al Socialismo, la segunda fuerza en el Congreso, de Morales, que ahora, tras una serie de modificaciones en el Senado, la denuesta porque «atiende los intereses de las petroleras» y ha llamado a protesta en todo el país.

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