El autogolpe, un peligro cada día más concreto en Bolsonarolandia

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De las palabras a los hechos. Milicias, camisas negras, antorchas e intimidación. La violencia llega a la calle. Amenazas de cierre del Supremo y comparaciones con el hitlerismo. Pandemia en un país al borde del estallido.

Dictadura, fascismo… Muchas palabras suelen encontrar un uso excesivo en países sometidos a grietas políticas que parecen una lamentable marca de época. Brasil no es la excepción: si allí comenzó a hablarse de “golpe” en 2016 durante el juicio político a Dilma Rousseff -algo que, en rigor, fue más bien una conspiración maloliente-, el término evoca hoy una sombra concreta que se cierne sobre la democracia.

El enfrentamiento entre el Gobierno de Jair Bolsonaro y los demás poderes del Estado -el Congreso y, sobre todo, el Supremo Tribunal Federal (STF)- ha escalado desde las palabras a los hechos, al punto que los últimos días entregaron indicios preocupantes de enfrentamientos callejeros entre sectores rivales y hasta la aparición de un grupo armado en una vigilia nocturna ante el edificio del alto tribunal en Brasilia. La memoria histórica evoca antecedentes que meten miedo.

La referencia alude a los “300 de Brasil”, una agrupación de ultraderecha que se presenta como fuerza de choque del bolsonarismo. Aunque en verdad logró reunir a solo a unas decenas de personas, la escena, registrada en la madrugada del domingo, resultó intimidante. Ropa negra, máscaras y antorchas, gritos contra el Supremo e insultos y amenazas a sus ministros. Según una de sus líderes, Sara Fernanda Giromini -alias “Sara Winter”-, una exfeminista devenida en católica ultraderechista que es investigada por el propio STF en el caso de las usinas de fake news supuestamente montadas por el Gobierno, le dijo al diario Folha de São Paulo que entre sus hombres hay algunos armados, aunque para su “autodefensa”, aclaró. Nadie en el Palacio del Planalto entiende que haga falta neutralizar a los “300” o, cuando menos, desautorizarlos.

La jornada del domingo siguió con la realización de marchas pro y anti-Bolsonaro en varias ciudades, destacándose las de Río de Janeiro y San Pablo. En esta última ciudad, la contestación “antifascista” liderada por hinchadas de los principales equipos de fútbol, derivó en graves enfrentamientos con los oficialistas.

En Brasilia, mientras tanto, el presidente salió al encuentro de sus simpatizantes que, entre otras cosas, reclamaban una intervención militar y la clausura del STF. Lo hizo montado a caballo, gesto que, al parecer, no repetiría el próximo domingo: ante la nueva convocatoria de los antifascistas, Bolsonaro pidió a los suyos que no realicen sus habituales manifestaciones semanales. “Déjenlos solos el domingo. Yo no coordino nada, no soy el dueño del grupo. No participo de nada. Solo quiero prestigiarlos a ustedes, que me están apoyando y hacen un movimiento limpio, decente, por la democracia, por la ley y por el orden. Yo apenas comparezco”, les dijo. ¿Será lo suficientemente persuasivo?

En medio de semejante clima, que se suma a los efectos de una pandemia negada y subestimada, que se ceba cada día más con una población que no encuentra quién la proteja, trascendió en la prensa un mensaje que el decano del Supremo, el juez Celso de Mello, envió a sus colegas. Vale la pena detenerse en él, ya que permite entrever hacia dónde se dirige un ala del alto tribunal en momentos en que suma a la guerra de poderes promoviendo una investigación sobre las fake news que se atribuyen a Carlos Bolsonaro, hijo del mandatario, y a la llamada “oficina del odio”, y una más sobre la aparente intervención presidencial en la Policía Federal para frustrar investigaciones contra su familia y su entorno.

En efecto, De Mello advirtió sobre una posible “intervención militar”, algo que atribuyó a “bolsonaristas y otros liderazgos autocráticos que desprecian la libertad y odian la democracia”. ¿El objetivo? Según él, “la instauración en Brasil de una despreciable y abyecta dictadura militar”.

“Guardadas las debidas proporciones, el ‘huevo de la serpiente’, a semejanza con lo que ocurrió en la República de Weimar (1919-1933), parece estar cerca de eclosionar en Brasil”, agregó.

“Es necesario resistir la destrucción del orden democrático para evitar lo que ocurrió en la República de Weimar cuando Hitler, después de haber sido electo por el voto popular y posteriormente nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg, no dudó en romper y anular la progresista, democrática e innovadora Constitución de Weimar, imponiendo al país un sistema totalitario de poder”, finalizó. Así están las cosas.

El mensaje de Celso de Mello, que debe retirarse este año, no es un hecho individual. Otro juez del STF, Gilmar Mendes, pareció distanciarse de aquel al afirmar, pocas horas después de conocida la esquela, que “no debemos encender un fósforo para saber si hay nafta en el tanque. El momento recomienda ponderación y cuidado a todos”. Sin embargo, abogó en los hechos por mantener la pulseada con Bolsonaro al señalar en declaraciones a GloboNews que “el hecho de que el presidente haya tenido casi 60 millones de votos no lo autoriza a incumplir con la Constitución”. Asimismo, anticipó su postura de que la investigación sobre la usina de fake news debe continuar, al considerar que la misma “es algo regular”.

La alarma no es desmedida. En la grabación en video de la reunión del gabinete del 22 de abril, cuya difusión el propio STF autorizó hace pocos días, el jefe de Estado señaló que “nosotros queremos hacer cumplir el artículo 142 de la Constitución (…) Habiendo necesidad, cualquiera de los poderes puede (hacerlo), ¿no? Pedir a las Fuerzas Armadas que intervengan para restablecer el orden en Brasil”, señaló.

En concreto, dicho artículo establece que “las Fuerzas Armadas, constituidas por la Marina, el Ejército y la Aeronáutica, son instituciones nacionales permanentes y regulares, organizadas en base a la jerarquía y la disciplina, bajo la autoridad suprema del presidente da República, y se dedican a la defensa de la Patria, la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de ellos, a la ley y el orden”. La interpretación de Bolsonaro, que abre la puerta a un posible autogolpe, surge más de sus fiebres que del texto.

Las fiebres queman en el oficialismo, que se considera blindado ante los más de treinta pedidos de juicio político presentados ante la Cámara de Diputados por retener al menos un 33% de respaldo popular. La semana pasada, en ocasión de un pedido de Celso de Mello a que el procurador general, Augusto Aras, se manifieste sobre la pertinencia de un pedido de un grupo de diputados para que incaute el celular del mandatario a fin de periciarlo y establecer por qué intervino la Policía Federal, el ministro de la Oficina de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, advirtió al STF sobre consecuencias institucionales “imprevisibles”. En tanto, hablando en términos generales sobre la puja entre los dos poderes, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del excapitán y referente regional de la “nueva derecha”, señaló que una ruptura institucional “ya no es una cuestión de si va a ocurrir, sino de cuándo”. Las definiciones del bolsonarismo al respecto son incontables y se dan al más alto nivel.

Brasil se asoma a un abismo. Asusta pensar en su profundidad.

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