Río de Janeiro - El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, fue detenido ayer acusado de haber recibido millonarios sobornos ligados al esquema de corrupción investigado por la operación “Lava Jato” y de integrar una organización que desvió dinero público al extranjero.
Detuvieron por la causa "Lava Jato" al gobernador de Río
El esquema implicaba obras públicas amañadas. Todos los mandatarios que gobernaron desde 1998 ese estado en grave crisis financiera fueron a la cárcel.
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“De acuerdo con las investigaciones, el gobernador integra el núcleo político de una organización criminal que, a lo largo de los últimos años, cometió varios crímenes contra la administración pública, especialmente corrupción y lavado de dinero”, dice una nota de la Fiscalía General.
El gobernador fue detenido a primera hora de la mañana en la residencia oficial, el Palacio Laranjeiras, y fue llevado a la sede de la Policía Federal (PF) como parte de la operación “Boca de lobo”.
Pezão, de 63 años, vestía una camisa de manga larga gris y un pantalón oscuro. No llevaba esposas y era escoltado por policías.
El mandatario es acusado de haber recibido sobornos entre 2007 y 2014, cuando era vicegobernador de su aliado Sérgio Cabral, quien está preso por cargos de corrupción. Los pagos se habrían extendido hasta 2015, cuando ya era gobernador, afirma la Procueración.
La orden de prisión fue solicitada por la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, y se sustenta en peritajes contables y en la delación premiada de Carlos Miranda, operador financiero de Cabral.
Pezão habría recibido de empresas y proveedores contratados por el gobierno de Río de Janeiro una mensualidad de 150.000 reales (unos 40.000 dólares al cambio actual), además de un bono por 1 millón de reales (unos 263.000 dólares), dijo el delator. Aún de acuerdo con la fiscalía, la organización del gobernador envió grandes remesas al exterior, desviando dinero público.
La detención se produce a un mes de culminar su mandato, pero la fiscal Dodge, en una inusual rueda de prensa tras la detención, subrayó que era necesaria puesto que incluso después apresamientos e investigaciones, “los crímenes se perpetuaron. Por las informaciones que tenemos, esto (el lavado de dinero) continúa, aún está ocurre”.
Todos los gobernadores electos de Río de Janeiro entre 1998 y 2014 fueron detenidos, pero Pezão es el primero en ser apresado en pleno ejercicio del cargo.
Anthony Garotinho (1999-2002) y Rosinha Matheus (2003-2007) pasaron por prisión por delitos electorales, que ellos niegan.
Cabral (2007-2014) está preso desde 2016, acusado de haber recibido coimas a cambio de obras públicas, incluyendo las de remodelación del estadio Maracaná para el Mundial 2014. Sus condenas suman más de 180 años de cárcel.
La fiscal Dodge resaltó que “el esquema criminal” que actúa en Río alcanzó diversas esferas del aparato público estatal y que, a pesar de las condenas, “se percibe que este esquema criminal no paró”.
De acuerdo con la fiscalía, “pese de haber sido hombre de confianza de Sérgio Cabral y asumido un papel fundamental en aquella organización criminal, inclusive sucediéndolo en el liderazgo, Pezão operó un esquema propio, con sus propios operadores financieros”.
El gobernador electo en octubre, Wilson Witzel, remitió un comunicado para afirmar que “la transición no será afectada”. Luego dijo que no cree necesario anticipar la entrada en el Gobierno y que auditará todos los contratos “sin paralizar el gobierno”.
Pezão fue elegido gobernador en 2014 por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Su perfil es más discreto que el de su antecesor.
Luiz Fernando Souza es conocido como “Pezão” (pie grande, en portugués) debido al tamaño 47 de sus zapatos. Afectado por un cáncer en 2016, estuvo fuera del cargo por unos meses, y pasó parte de su recuperación en su natal Pirai, una pequeña ciudad en una zona rural a 100 km de Río. Esa casa también fue allanada por la policía.
Heredó de Cabral una severa crisis financiera que tiene al Estado aún complicado. Río enfrenta también graves problemas de violencia, lo que llevó al presidente Michel Temer a emitir un decreto en febrero que permite al Ejército participar en el control de la seguridad del Estado, aunque está aún sin efecto. Pezão aseguró que la falta de recursos no le permitía hacer nada.
Como interino queda el vicegobernador Francisco Dornelles, a quien Witzel sucederá en enero.
Agencias AFP, Reuters, ANSA
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