El ex secretario general del brasileño Partido de los Trabajadores (PT, en el gobierno) Silvio Pereira, que dejó el partido en medio de denuncias de corrupción, retrocedió el miércoles de las acusaciones que hizo el fin de semana y exoneró al presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
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"No me acuerdo de ningún episodio en el que Lula, antes o después de ejercer la presidencia, diera ningún tipo de orientación que pueda ser considerada deshonesta o ilícita", dijo Pereira, llamado a declarar ante una comisión del Senado que investiga los escándalos que rodean al PT desde hace casi un año.
A pesar de que el partido ha sido fuertemente impactado por los escándalos, no han aparecido pruebas que vinculen directamente al presidente Lula.
Pereira dijo en una entrevista divulgada en el diario O Globo del domingo que quienes "mandaban" en el partido en 2002 eran Lula, el senador Aloizio Mercadante, el ex ministro jefe de Gabinete José Dirceu y el ex presidente de la sigla José Genoino (los dos últimos renunciaron por los escándalos).
Esa entrevista, que reavivó la crisis brasileña, fue interpretada por la oposición como una atribución de responsabilidad a Lula de las posteriores recaudaciones ilegales que hizo el partido.
El Silvio Pereira que compareció este miércoles ante el Senado, no era el dirigente del PT de hace un año, sino un hombre amedrentado, que juraba tener una gran confusión mental y no recordar ni lo que dijo en la entrevista del fin de semana ni lo que es verdad.
"En mi cabeza, hoy está todo confundido", dijo Pereira, que había solicitado librarse de la declaración por sufrir depresión.
También aseguró que nunca manejó finanzas en el partido.
La crisis brasileña se desató hace casi un año cuando se descubrió que el PT manejó una millonaria contabilidad ilegal que benefició a decenas de políticos, lo que le costó el cargo a ministros clave del gobierno de Lula y a importantes dirigentes del partido. Pereira renunció porque se divulgó que había aceptado un auto de una empresa.
La Procuraduría de la República acusó al partido ante la Corte Suprema de crear una "organización delictiva" para comprar el apoyo político de otros partidos, pagar deudas y costear campañas.
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