Cedió Garzón y se cae la causa sobre el franquismo

• Se anticipó a un fallo definitivo que analistas presumían contrario a su competencia• Investigaciones pasarán a tribunales locales, que rechazarían abrir fosas comunes

Baltasar Garzón

Madrid (EFE, DPA, ANSA) --El juez Baltasar Garzón no juzgará la responsabilidad de Francisco Franco y de otros altos funcionarios de su régimen en las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y en la dictadura que siguió a ella. La tarea recaerá en los tribunales locales, pero los especialistas advierten que éstos, en muchos casos, podrían negarse a tramitar las causas.

El magistrado de la Audiencia Nacional española, que cobró notoriedad internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet, anunció ayer que se inhibe en la investigación que lanzó a mediados del octubre y que había generado una fuerte polémica en España entre partidarios y detractores de ella. Garzón decidió inhibirse a favor de los juzgados de las zonas en las que están ubicadas las fosas donde se sospecha que pueden encontrarse los restos de personas desaparecidas, algunas de las cuales había ordenado abrir.

La interpretación generalizada fue que el magistrado cedió para evitarse una sonora derrota ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal al que él mismo pertenece y que debía decidir si Garzón era o no competente para llevar adelante la investigación, apelada por quien fue uno de sus grandes amigos, el fiscal jefe Javier Zaragoza.

Ese tribunal, que juzga en España los casos de especial relevancia, paralizó con carácter cautelar el pasado 7 de noviembre la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos ordenada por Garzón tras recibir un recurso del fiscal, que argumentaba que el juez no era competente.

Sin embargo, el juez alegó que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos «permanecen» y no prescribieron. Por ello, sugiere la derogación de la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 en plena transición democrática, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que propone crear una comisión de expertos para « restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos» durante la Guerra-Civil y la dictadura.

Para respaldar la idea de permanencia del delito destaca «el caso de las víctimas que puedan estar vivas» y se refiere a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la «afección al régimen».

Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica. Entre las fosas cuya apertura autorizó está la de la provincia de Granada, en Andalucía, en la que se sospecha que pueden estar enterrados los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936. La petición para abrir esa fosa fue cursada por la nieta de Dióscoro Galindo, un maestro fusilado con el poeta.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que sustituyó recientemente a Garzón durante una licencia médica de éste, permitió la apertura de otros seis lugares, entre ellos, un columbario de la basílica del Valle de los Caídos, en las inmediaciones de Madrid, donde están enterrados el general Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.

Garzón se declaró competentepara llevar a cabo la investigación tras recibir las denuncias de familiares y al considerar que las desapariciones son delito de detención ilegal y encajan en el marco de crímenes contra la Humanidad.

La Fiscalía sostiene, por el contrario, que no era competente al tratarse de delitos de asesinato que han prescrito temporalmente y también por la Ley de Amnistía aprobada en 1977, tras la vuelta de la democracia.

El Parlamento español aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de la Memoria Histórica, que condena la dictadura de Franco y fija medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil.

La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, a través de su portavoz, Paqui Maqueda, expresó su sorpresa y dolor por la decisión del juez de inhibirse.

En tanto, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España (ARMH), Emilio Silva, dijo que «esperábamos que esto ocurriera, pero no a través de una decisión de Garzón». «Debe haber mucha presión política con todo esto», consideró Silva, y aseguró que ARMH está estudiando la posibilidad de apelar la medida, a la que calificó de «decepcionante».

Por su parte, el Partido Popular, conservador y principal fuerza opositora de España, opinó que la medida de Garzón «da la razón» a quienes cuestionaban su competencia.