Chávez cambió nombre de las FF.AA. e incorpora milicias
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Chávez
confirmó ayer
lo que había
sido anunciado
por los
medios de
prensa: una
nueva
reestructuración
de las
FF.AA. de
Venezuela. La
ley fue
aprobada
dentro del
paquete de
26 decretos
que promulgó
el mandatario
el 31 de julio,
al expirar los
superpoderes
que le había
otorgado el
Congreso.
«Ahora, por ley, la Fuerza Armada Nacional es Bolivariana y esto tiene un significado histórico, una reivindicación que se aprobó con la ley habilitante (poderes especiales)», señaló.
Añadió que las leyes promulgadas no son secretas, como dijeron algunos portavoces de la oposición, sino que fueron «debatidas y discutidas».
«Eso sí, el que no esté de acuerdo con una ley, que vaya al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque en Venezuela hay un Estado de derecho», aseguró.
El gobierno informó el viernes sobre el paquete legal al publicar en el órgano del poder público «Gaceta Oficial» los títulos de las 26 leyes, pero de momento no hizo circular el contenido de las legislaciones. Poco después, el TSJ declaró la constitucionalidad de las leyes-decreto, principalmente la que reforma la Ley de Fuerza Armada.
El calificativo de «bolivariana» fue incorporado en el proyecto de reforma constitucional socialista que propuso Chávez el año pasado y que fue derrotado en la consulta del 2 de diciembre.
Anteriormente, Chávez impuso en los cuarteles el lema de «patria, socialismo o muerte», que es repetido en los saludos oficiales.
Según el fallo del TSJ, es legal el cambio de nombre de la Fuerza Armada, así como la creación de las milicias en sustitución de la Reserva Militar.
El pronunciamiento, aprobadopor la presidente del TSJ, Luisa Estella Morales, señala que la reforma adecúa la Fuerza Armada Bolivariana a los «derechos humanos y al derecho internacional de los conflictos armados».
Algunos dirigentes de oposición advirtieron que el paquete de leyes aprueba por la vía legal, sin el debate legislativo, aspectos de la reforma constitucional que fue rechazada por los votos, entre ellos la división territorial del país y la ley sobre seguridad alimentaria, que prevé la facultad de adquisición forzosa de productoras y distribuidoras de alimentos.




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