Chávez se enfrenta a la mayor empresa del país

Caracas (ANSA, EFE, AFP, Reuters) - El gobernador del estado venezolano de Barinas, Hugo de Los Reyes Chávez, padre del presidente Hugo Chávez, decretó ayer la «expropiación forzosa» de los silos de la empresa Polar, el grupo agroalimentario más grande del país. Se acentúa así la ofensiva del gobierno contra la iniciativa privada en Venezuela.

«Se decreta la expropiación forzosa de los bienes presuntamente propiedad de la empresa refinadora de maíz Ramavenca», filial de Polar en el estado de Barinas, señala el texto firmado por el gobernador.

Según el documento, la expropiación de la planta industrial se tomó debido al «cese de las actividades productivas de las mencionadas instalaciones a partir del año 2002». Ello provocó «entre los productores inseguridad sobre el destino cierto de las cosechas obtenidas y afectó su oportuna comercialización», añadió el texto.

«Le corresponde al gobierno del estado de Barinas facilitar la producción de maíz y aceites vegetales a precios justos y razonables, al tiempo que contribuya a la independencia económica del país», explicó el gobierno de Barinas, al sudoeste de Venezuela.

La medida de expropiación se produce casi un mes después de que los silos de la Polar fueran tomados militarmente por orden del Ministerio de Agricultura y Tierras, con el apoyo de un grupo de ex trabajadores de la empresa, por considerar que esas instalaciones permanecían inactivas.

• Desmentida

La empresa negó los argumentos del gobierno y aseguró que en los depósitos se guarda el maíz que se produce en Barinas y se comercializan los alimentos y bebidas que procesa Polar.

La actividad en los silos de Polar se reanudó el pasado 2 de setiembre, cuando el gobierno y el grupo alimentario llegaron a un acuerdo.

El presidente Chávez ha anunciado el «rescate» de tierras ociosas y de empresas cerradas o semiparalizadas para « garantizar la seguridad alimentaria» y con el objetivo de reactivar la economía venezolana.

En las últimas tres semanas, el gobierno venezolano intervino una planta procesadora de tomates de la compañía estadounidense Heinz y cuatro extensas propiedades supuestamente improductivas, que ocupan 68.000 hectáreas en el sudoeste del país.

La Constitución Bolivariana, aprobada en 1999 y promovida por Chávez, garantiza el derecho a la propiedad privada pero también establece la intervención y expropiación «por causa de utilidad pública».

En tanto, la principal entidad patronal, Fedecámaras, instó al gobierno a dialogar antes de intervenir fincas y empresas como parte de su «guerra al latifundio».

«Exhortamos y exigimos al gobierno a abrir los espacios, vamos a hablar, pero cuando se cometen errores, hay que reconocerlo y los procedimientos de las últimas semanas no han estado apegados a la ley», señaló.