30 de enero 2002 - 00:00

Chile descarta carrera armamentista por compra de F-16 a EEUU

Chile confirmó hoy la compra de diez cazabombarderos F-16 para modernizar su Fuerza Aérea, operación que se completó tras un largo proceso de negociaciones y que ha causado recelos entre sus vecinos, especialmente en Perú.

El anuncio fue hecho por la ministra de Defensa, la socialista Michelle Bachelet, quien señaló que la adquisición permitirá modernizar el material de defensa aérea y que no obedece a afanes armamentistas.

"Esto permitirá reponer equipamiento de vuelo que ya se encuentra obsoleto, lo que de ninguna manera puede ser entendido como una forma de emprender una carrera armamentista" en la región, dijo la ministra al leer un comunicado de cuatro páginas ante los periodistas.

La recientemente nombrada titular de Defensa entregó detalles de la compra de las aeronaves y afirmó que la modernización del equipo bélico está acompañada de la decisión del gobierno del presidente Ricardo Lagos de "reforzar la paz y concordia" con otros países latinoamericanos.

Con este paso, el Gobierno da por terminada la polémica que provocó el plan de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que despertó fuertes críticas tanto desde la oposición de derecha como de los partidos políticos de la propia coalición de Gobierno.

También generó especial polémica en Perú, cuyo Gobierno ha manifestado en reiteradas oportunidades que aunque respeta la decisión de Chile no la considera necesaria.

También desde Perú, algunos sectores acusaron a Chile de emprender una carrera armamentista, acusación que un año antes había hecho el diario "The Washington Post", que calificó de "insensata" la adquisición de las aeronaves.

Para atenuar las reacciones y los tradicionales recelos y temores que las compras de armamento generan en los países vecinos, la ministra Bachelet se comunicó a primera hora con su colega argentino, José Horacio Jaunarena.

"Hemos tenido una buena conversación y hemos acordado juntarnos para continuar todo el trabajo que hemos hecho en conjunto", comentó, y agregó que también se comunicará con su colega de Defensa de Perú, Aurelio Loret de Mola.

La ministra destacó que en el año 2001 Chile y Argentina dieron un gran paso "para la transparencia" de las relaciones al aprobar ambos gobiernos un método "para comparar adecuadamente los gastos de defensa", camino en el que también se acordó avanzar con Perú.

Bachelet agregó que el Gobierno chileno está resuelto a seguir impulsando iniciativas dirigidas a "fortalecer aún más la confianza mutua y la transparencia, tanto en el plano bilateral como en el regional".

Los diez cazabombarderos F-16 fueron adquiridos a la estadounidense Lockheed Martin por 660 millones de dólares, que serán pagados en cuotas durante nueve años.

El Congreso estadounidense aprobó la venta en mayo del año 2001, pero no incluyó en su resolución a los misiles de mediano alcance aire-aire ni otros sistemas de alta tecnología, materia a la que no se refirió la ministra.

La empresa estadounidense agregó, en cambio, a la venta de los cazabombarderos la instalación en Chile de un centro de alcance mundial de la empresa General Electric, para dar asistencia técnica a distancia de motores de aviación, tanto de aeronaves civiles como militares.

"En la negociación para la compra de estos aviones hemos asegurado que por cada dólar que Chile gastará, ingresará al país, como contrapartida, su equivalente en inversiones en sectores de alta tecnología y generadores de empleos calificados", dijo Bachelet.

El Gobierno, sin embargo, decidió postergar a decisión sobre la renovación de otros materiales de defensa, como es el caso de las fragatas, "cuyo reemplazo también es necesario", admitió la ministra.

Se trata del proyecto Tridente, de la Armada, que consiste, en su etapa inicial, en la construcción de cuatro fragatas en conjunto con Alemania, con un costo de 950 millones de dólares, cuya rebaja habría pedido el presidente Lagos al jefe de la Armada, almirante Miguel Angel Vergara.

Al informar de este aplazamiento, Bachelet explicó que el presidente se ha inclinado por el aplazamiento "por el momento", entre otras razones, porque la ejecución del proyecto impondrá compromisos financieros que se extenderían por tres mandatos presidenciales consecutivos.

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