Colombia dejó de reconocer a la Corte de La Haya tras disputa con Nicaragua

Colombia dejó de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en disputas fronterizas, luego de que el tribunal cediera a Nicaragua una extensa área del mar Caribe que pertenecía al país andino, anunció el miércoles el presidente Juan Manuel Santos.

El retiro formal de Bogotá del tratado por el cual le concedía potestad al principal órgano judicial de Naciones Unidas no le permite evadir el fallo, que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, pero bloquearía sentencias limítrofes en su contra si se producen nuevas demandas en el futuro.

"He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia, y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia", dijo Santos en un acto de Gobierno.

La pérdida de una porción de su plataforma marina sacudió al Gobierno y a la ciudadanía de Colombia, que no ha acatado el fallo de la CIJ y anunció que podría interponer recursos jurídicos de aclaración o revisión.

"Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los estados no deben quedar en manos de una corte, sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los estados mediante tratados", precisó.

Santos reveló que Colombia denunció el Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, un acuerdo internacional suscrito el 30 de abril de 1948 que impone la obligación a los países que firmaron de reconocer la jurisdicción de la CIJ y de buscar la solución concertada a los conflictos.

En Nicaragua, el representante de ese país ante la Corte de La Haya, Carlos Arguello, lamentó la decisión de Colombia de abandonar el Pacto de Bogotá y aseguró que no afecta la sentencia.

"Retirarse del pacto absolutamente nada influye en la sentencia, la sentencia es cosa juzgada, eso se acabó. Entonces, no sé con quienes más tendrán o pueden pretender que van a tener problemas que quieren retirarse y no quieren aceptar soluciones pacíficas", dijo Arguello en una conferencia de prensa.

La canciller colombiana, María Angela Holguín, aseguró que el veredicto de la CIJ contiene vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada y que no obstante mencionar el principio de la equidad produjo una delimitación inequitativa.

Expertos opinaron que además de evitar futuras decisiones adversas en diferendos limítrofes, Bogotá no cerró la puerta a una negociación con Nicaragua.

Si bien la CIJ ratificó la soberanía de Colombia sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el fallo le costó una parte de su plataforma marítima que tiene potencial económico, principalmente pesquero y petrolero.

El tribunal modificó como frontera entre los dos países el meridiano 82, de acuerdo con la interpretación de Colombia, lo que amplió la jurisdicción de Nicaragua en el Caribe.

Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, lo que sería una decisión contraria a los tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional.

Analistas y expertos han advertido de que si Colombia opta por el camino de la rebeldía podría crear tensión en la región por el esperable respaldo que recibiría Nicaragua de algunos de sus aliados como Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Otras naciones que decidieron desconocer la jurisdicción de la CIJ son Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, según el mandatario colombiano, quien dijo que su país seguirá buscando soluciones pacíficas a las disputas internacionales.

Santos sostuvo que el fallo de la CIJ afectó los tratados limítrofes vigentes con países de Centroamérica y el Caribe entre los que están Jamaica, Panamá, Costa Rica y Honduras.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que envió barcos hacia la zona marítima que le cedió el tribunal, dijo que confiaba en que Colombia respetará y reconocerá el fallo.

Colombia mantiene los barcos de su armada en la zona en disputa con el argumento de que lo hace para defender su soberanía, proteger a los residentes de las islas y combatir el crimen transnacional, principalmente el narcotráfico.

Managua anunció a comienzos de la década de 1980 que desconocía el tratado Esguerra-Barcenas de 1928 que establecía los límites con Colombia, con el argumento de que se firmó cuando Nicaragua estaba ocupada por tropas de Estados Unidos.

En 2001, Nicaragua inició una demanda en La Haya. Si bien ese tribunal ratificó en el 2007 la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el reciente fallo cambió los límites y dejó a dos islotes colombianos encerrados en aguas nicaragüenses.

La controversia originada por el fallo de la CIJ se presenta en momentos en que Chile y Perú esperan que ese tribunal dirima una disputa de límites marítimos.