Colombia: inédita visita de paramilitares al Congreso

Bogotá (AFP, EFE, Reuters, ANSA) - En una histórica y polémica comparecencia ante el Congreso de Colombia, los tres máximos líderes paramilitares de extrema derecha defendieron ayer las negociaciones de paz iniciadas con el gobierno de Alvaro Uribe, pidieron nuevas zonas libres para concentrar a sus combatientes y reclamaron una amnistía por sus crímenes y por sus actividades de narcotráfico.

Bajo extremas medidas de seguridad, los tres jefes más representativos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, acudieron al Congreso tras abandonar -con un salvoconducto especial de 48 horas emitido por el gobierno-la población de Santa Fe de Ralito, donde están concentrados para los diálogos de paz.

En las afueras del Congreso se manifestaron grupos a favor y en contra de los paramilitares, fuerzas irregulares que combaten a las guerrillas de izquierda y que fueron reiteradamente acusadas de atrocidades y narcotráfico, incluso por los Estados Unidos, que han pedido la captura y extradición de muchos de sus jefes. Mientras, adentro, se llevó a cabo un agitado debate -convocado por la Comisión de Paz del Legislativo-, al que asistió una veintena de diplomáticos, con la sugestiva ausencia del delegado de la Organización de Estados Americanos, Sergio Caramagna, quien verifica el proceso y es criticado en su labor por el gobierno de Uribe.

• Ataques

Vestido de traje oscuro y corbata roja, Mancuso, líder máximo de las AUC, emitió un discurso que superó los 20 minutos pactados, en el que se deshizo en ataques contra las guerrillas, responsabilizó al Estado por el añejo conflicto armado y demandó garantías para los paramilitares desmovilizados y un mayor acompañamiento al plan de paz, que atraviesa una crisis debido a que este grupo no detuvo sus operaciones.

Mancuso pidió al gobierno colombiano que autorice más zonas de ubicación para los combatientes, adicionales a la de 368 kilómetros cuadrados existentes en el departamento de Córdoba, considerado bastión histórico de las AUC y cuyo epicentro es Santa Fe de Ralito (750 km al norte de Bogotá).

Al demandar garantías jurídicas para la desmovilización de los paramilitares, Mancuso sentenció: «No podemos recibir la cárcel». El líder de las AUC también criticó la política del gobierno frente a los cultivos ilícitos se-ñalando que debería ser más de sustitución que de erradicación, al tiempo que comprometió a su organización a ayudar a terminar con éstos.

Báez aseguró, por su parte, que una solución del conflicto armado requiere el reconocimiento de que en el país existe una «narcoeconomía de guerra» y admitió que el narcotráfico ha financiado tanto la violencia de los paramilitares, como de la guerrilla y la delincuencia común. Según Báez, el narcotráfico generó recursos por 38.000 millones de dólares entre 1980 y 1996, que permearon todas las esferas de la sociedad y el Estado y nutrieron a los grupos armados.

Tras la intervención de los tres paramilitares, los congresistas tomaron la palabra y se enfrascaron en un agrio debate.

«Todo lo que el Congreso pueda hacer para darle confianza al diálogo y sacar fusiles de la guerra es bienvenido», aseveró el presidente del Partido Liberal, Joaquín Vives.

Uno de los más fuertes opositores a la realización de la audiencia, el representante Gustavo Petro, dijo: «Esto es un sometimiento de las instituciones al narcotráfico. Mancuso vino al Congreso con la intención de dirigirse como un político cuando en realidad es un capo del narcotráfico».