Sevilla (ANSA, Reuters) - La cumbre europea comenzará hoy en Sevilla, España, con la mira puesta en la política de «sanciones y visados» que la UE aplicará en los próximos años contra los grandes países «exportadores» de inmigrantes ilegales, entre los cuales se encuentran las naciones del norte de Africa y América latina.
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La cumbre, que quedará inaugurada en medio de fuertes medidas de seguridad y bajo protestas globalifóbicas, se extenderá hasta mañana en medio de discrepancias entre algunos de los líderes de los 15 países comunitarios.
La política de «sanciones» y «visados» está incluida en un documento preparado por la Comisión Ejecutiva encabezada por Romano Prodi y que constituye el texto clave alrededor del cual girarán las discusiones de la cumbre.
Pero los países de la Unión Europea (UE) están divididos sobre la política común que se debe adoptar, es que mientras Madrid, Londres y Roma pretenden que se castigue a los países de los que parten los inmigrantes ilegales, gobiernos como los de Francia y Suecia se oponen a las sanciones. •Polifacético
«Estoy absolutamente seguro de que en Sevilla vamos a llegar a un acuerdo muy efectivo en materia de política de inmigración y asilo, que es una de nuestras grandes prioridades junto con la lucha contra el terrorismo», dijo el presidente español José María Aznar.
El documento elaborado por Bruselas, de 36 páginas, fue titulado «Propuesta del plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de los seres humanos en la UE». La inmigración ilegal es un fenómeno «polifacético», precisa el documento, una suerte de relato muy detallado sobre las peripecias que sufre gran parte de los 500.000 ilegales que cada año entran a la UE.
Los conceptos de sanciones y visados intervienen en ámbitos distintos y tienen un alcance muy diferente. Cuando se habla del primero, la UE está pensando de hecho en una suerte de «castigo» contra aquellos países que -según las evaluaciones de Bruselas-no hacen todo lo que debieran para contener la oleada de inmigrantes clandestinos que se embarcan (o toman un avión, tren o automóvil) para intentar entrar en la rica Europa, como Italia, España o Alemania. Más concretamente, ese «castigo» podría consistir en la revisión -o incluso la suspensión-de los acuerdos de cooperación que la UE tiene con terceros países que no impulsan con la convicción necesaria el desmantelamiento de la inmigración ilegal.
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