Convierte dura ley a Europa en una fortaleza contra ilegales

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Una amplia y variada coalición impuso ayer su mayoría en el Parlamento Europeo para endurecer las condiciones migratorias. La ley impone cárcel de un año y medio a los ilegales que resistan su deportación, además de vedar un nuevo ingreso por cinco años. Incluso establece la expulsión de menores. El Vaticano y los partidos de izquierda declararon su rechazo, y en América latina se escucharon voces indignadas. Pero es sólo el principio: Francia asumirá pronto la presidencia rotativa del bloque y las condiciones serán aún más severas.

Estrasburgo, Francia (AFP, EFE, ANSA, Reuters) - El Parlamento Europeo aprobó ayer en esta ciudad (este de Francia) una dura ley de expulsión de inmigrantes clandestinos, que establece un período de detención de los mismos de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años de que vuelvan a entrar a Europa.

El texto, que provocó duras reacciones en América latina, fue resultado de un compromiso entre la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE). Fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones gracias a una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y las divisiones del grupo socialista, con la llamativa novedad del apoyo a la norma de los miembros españoles de este último grupo.

La denominada «Directiva retorno» armoniza las reglas de expulsión de los clandestinos hallados en territorio europeo, con una detención máxima de 18 meses para quienes no quieran partir voluntariamente y una prohibición de cinco años de regresar a la UE.

  • Menores

    Criticada por el Vaticano, la izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos, la ley no prohíbe además la expulsión de menores.

    «El acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente», destacó el eurodiputado español del Partido Popular Europeo (PPE), Agustín Díaz de Mera, cuyo grupo apoyó la ley. Mientras, el conservador Manfred Weber, que negoció el acuerdo con los 27 gobiernos de la UE, celebró una «victoria de la razón».

    España, con 40 días, es juntocon Francia y Chipre uno de los países en los que el período de retención es más corto para los ilegales; ese plazo supera los 6 meses en Hungría, Bélgica o Polonia, alcanza los 18 meses en Alemania y ni siquiera tiene límites en Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda u Holanda.

    Los socialistas no lograron superar sus divisiones, algo que quedó demostrado en la votación, con varios de ellos apoyando el compromiso acordado.

    Los representantes del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) justificaron su voto favorable en la necesidad «urgente» de adoptar un marco común sobre inmigración, según explicó en un comunicado el eurodiputado Javier Moreno.

    La «Directiva retorno» se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria de la UE que debería acentuarse durante la futura presidencia francesa del bloque en el segundo semestre con un «pacto europeo» impulsado por París. Este pacto tendría como ejes un «contrato de integración» que incluye el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a un país del bloque, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales y una política común de asilo.

  • Críticos

    Para los críticos del texto, como los Verdes, la izquierda o una parte de los socialistas, la «Directiva retorno» conducirá a un deterioro de las condiciones de expulsión en los países de la UE que actualmente tienen una legislación más favorable.

    Según ellos, la norma es excesivamente «restrictiva» y «no ofrece garantías suficientes» sobre el respeto de los derechos de las personas.

    Tras la votación, se escucharon en la Eurocámara palabras como «aberración», «vergüenza» o «inaceptable» en boca de eurodiputados socialistas como el italiano Claudio Fava y la francesa Martine Roure o de Izquierda Unida, como el español Willy Meyer, quien llamó a la movilización ciudadana contra la medida. En especial, el ala izquierda del hemiciclo criticó el período máximo de retención y el trato a los menores sin familia, que podrán ser deportados a « terceros países con los que no tienen ninguna relación», denunció Roure.

    En tanto, llegaron reacciones muy duras desde América latina, ya que muchos de los inmigrantes afectados provienen de allí.

    La Cancillería argentina dijo que «lamenta» la decisión y pidió que la cuestión migratoria se revuelva en el marco del «respeto integral a los derechus humanos». En ese sentido, señaló a través de un comunicado que «migrar no es un delito», por lo que «rechaza el uso de conceptos como migración ' legal' e 'ilegal'».

    El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó la ley de «verdadera vergüenza», mientras Paraguay pedirá que el Mercosur adopte una postura común y el Senado uruguayo la consideró una «violación a los derechos humanos».
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