Crimen podría afectar las próximas elecciones

San Pablo (O Estado de Sao Paulo, AFP, Reuters) - El asesinato del coordinador del programa de gobierno del izquierdista opositor Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Celso Daniel, movilizó ayer a la clase política y la sociedad brasileña y puede tener consecuencias en las elecciones generales de octubre próximo.

Es que la policía investiga dos hipótesis sobre el homicidio: secuestro con fines financieros -un delito que ha sensibilizado a la sociedad brasileña y que ha aumentado 300% en el último año en San Pablo-, o la represalia política, ya que se trata del quinto dirigente del PT víctima de acciones de violencia en ese estado del sudeste de Brasil.

Quince alcaldes del PT en San Pablo recibieron amenazas de muerte por carta el pasado año, firmadas por una organización identificada como FARB (Frente de Acción Revolucionaria Brasileña) que dice estar dispuesta a matar a «políticos de izquierda aproximándose a partidos de centroderecha», reveló la prensa. El líder del PT, Lula da Silva también fue amenazado por el mismo grupo.

En las cartas, las FARB se presentaban como un grupo fundado en 1998 en el Gran San Pablo «cansados de ver tanta corrupción». «Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para impedir que el PT cambie escandalosamente su ideología para aliarse al centroderecha y ayudarlos a vender nuestro Brasil», señaló el grupo. «Una nueva era ya comenzó; crímenes sin precedentes van a suceder», terminaba el comunicado.

Agresiones

Idénticas amenazas de muerte fueron recibidas por el secretario de Relaciones Internacionales del PT, Aloísio Mercadante; el diputado José Genoino, y 37 alcaldes del PT del estado de San Pablo, entre ellos Celso Daniel. Además, alcaldes y legisladores del partido fueron agredidos como el alcalde de Embú de las Artes, Geraldo Cruz, a quien le tiraron una bomba de fabricación casera dentro de la casa.

Poco después de que se encontrara el cuerpo del asesor de Lula y de que un líder del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) fuera dado de alta tras ser tiroteado, el presidente Fernando Henrique Cardoso declaró la «guerra contra el crimen organizado». Cardoso adelantó que su gobierno estudiará reformas para combatir el secuestro y el tráfico de drogas, acabar con la corrupción en las esferas policiales y dotar con mejores instrumentos a las fuerzas de seguridad que combaten la delincuencia en las calles y custodian las cárceles en el país. Estas declaraciones se produjeron después de que el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckim, ofreciera una recompensa equivalente a 20.000 dólares a cambio de pistas que permitan la captura de los asesinos de Daniel.

Fuentes de Inteligencia dijeron que si bien el grupo clandestino es «un fantasma», también es «un factor de preocupación». «La existencia de una entidad con ese perfil es factor de preocupación porque señala un cuadro semejante al de la guerra civil de Colombia», señaló una fuente de la policía de San Pablo que no quiso ser identificada.

Errores

Acerca de las cartas recibidas por los miembros del PT, la fuente dijo que los textos «se caracterizan por errores groseros de portugués y una extrema agresividad».

«Hay una escalada de violencia sin precedentes contra el partido», afirmó Mercadante. Para el dirigente, el asesinato también se inscribe en la situación de violencia del industrial y rico estado de San Pablo, donde «con 17.000 asesinatos en 2001 está muriendo más gente a tiros que por problemas cardíacos». Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad de San Pablo revelan que en los primeros nueve meses de 2001 hubo 12.365 homicidios.

El tema de la violencia se ha convertido en uno de los más sensibles en la política brasileña y la precampaña electoral, y la oposición acusa a los gobernantes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en el poder en Brasil y en San Pablo, de no haber hecho frente a este reto. «El asesinato de Daniel es la más fehaciente demostración del cuadro de violencia en que se encuentra el país. La barbarie que asume proporciones fantásticas, particularmente en el estado de San Pablo, denota la fragilidad de las políticas públicas en el área de seguridad y la desatención de las autoridades», reveló la Orden de Abogados de Brasil en nota oficial.