Denuncian listas negras de Chávez

Caracas - Rocío San Miguel trabajaba en el Consejo Nacional Fronterizo, un organismo dependiente directamente de la vicepresidencia. Fue funcionaria durante ocho años hasta que una mañana de marzo de 2004 fue despedida por su director junto con otras dos compañeras.

«La noticia fue una sorpresa, porque el clima entre los compañeros de trabajo siempre había sido excelente», explica esta venezolana de padres españoles, que elevó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno venezolano por violar el derecho a la participación política y al trabajo. «He presentado pruebas de que mi despido fue por firmar contra [el presidente Hugo] Chávez en el referéndum revocatorio (de 2004)», puntualiza.

El caso de San Miguel y de sus dos compañeras no es el único sucedido en Venezuela. La Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) también presentaron numerosos casos de despidos improcedentes realizados durante 2004 y principios de 2005 por el gobierno bolivariano mediante las llamadas Listas Tascón: un directorio de personas elaborado durante el proceso de activación del referéndum revocatorio contra Chávez que ha constituido la base del programa informático Maisanta.

«La comisión manifiesta su preocupación por la existencia de una tendencia dirigida a intimidar, hostigar y estigmatizar a personas, organizaciones o funcionarios que disienten de la política [ gubernamental]», destaca el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2005 sobre Venezuela.

Las mencionadas listas negras, que incluían los datos de 3,5 millones de personas, fueron creadas por Luis Tascón, un diputado del Movimiento Quinto República (MVR) que nunca admitió si éstas fueron facilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este legislador las hizo públicas a través de su página Web www.luistascon.com, hasta que, el 15 de abril de 2005, Chávez ordenó «enterrar» la lista durante una de sus intervenciones televisivas.

«No existen cifras exactas de la gente que fue despedida por firmar contra Chávez. Sin embargo, la persecución política contra los firmantes del referéndum no afecta sólo a los funcionarios que trabajan en la administración. Las personas que estamparon su impronta durante la recogida de firmas también tienen problemas para pedir créditos en los bancos públicos, solicitar el pasaporte u obtener contratos con el gobierno», explica Carlos Vecchio, director general de la asociación civil Ciudadanía Activa, que produjo un documental para denunciar este tema.

«Además, aunque el Ejecutivo señale que estas prácticas terminaron, eso es mentira y se sigue coaccionando a funcionarios para que voten por Chávez en estas elecciones», puntualiza.

Caza de brujas

Otra de las voces que con más fuerza han denunciado este tema es la de Teodoro Petkoff, quien desde las páginas del periódico que dirige comparó esta práctica con la caza de brujas macartista en EE.UU. durante la Guerra Fría. «Las Listas Tascón no fueron un error y tampoco fueron utilizadas de una forma casual. Fue un acto que contó con la bendición de Chávez», explica Petkoff. Según el informe de la OEA, la Fedeunep recogió 780 denuncias de personas que trabajaban en numerosos organismos administrativos y empresas estatales.

La consulta popular para votar si Chávez seguía en el poder se celebró en agosto de 2004. Antes de esta fecha, hasta 3,5 millones de personas rellenaron las planillas del CNE para activar el referéndum. Posteriormente, todos estos datos fueron utilizados por el entramado chavista para desarrollar el programa Maisanta. Este soporte informático incluye las fichas de unos 14 millones de venezolanos, dos menos que los que cuenta actualmente el Registro Electoral Permanente. Dentro de cada una, se especifican datos personales como la dirección, si se es abstencionista o si se participa en los programas Ribas o Vuelvan Caras (de educación y empleo, respectivamente).