21 de febrero 2003 - 00:00

Desborde de Chávez: comenzó a detener a los opositores

La fiscalía los acusa de «traición a la patria». El jefe de Fedecámaras, Carlos Fernández, fue arrestado, pero el titular de la central sindical, Carlos Ortega, pasó a la clandestinidad y sigue prófugo. Ambos promovieron el paro que no logró destituir al presidente Chávez. La medida causó preocupación en los Estados Unidos y en España.

«Ya era hora. Fui informado a la medianoche y dije procedan, y me acosté con una sonrisa», sostuvo feliz el presidente venezolano, Hugo Chávez.
«Ya era hora. Fui informado a la medianoche y dije 'procedan', y me acosté con una sonrisa», sostuvo feliz el presidente venezolano, Hugo Chávez.
Caracas (AFP, ANSA) - Con el arresto del jefe de los empresarios de Venezuela, Carlos Fernández, el gobierno emprendió una ofensiva contra los cabecillas de la huelga de dos meses que no pudo derrocar al presidente Hugo Chávez, generando a su vez preocupación en ámbitos internacionales. También fue ordenada la detención del jefe sindical Carlos Ortega, quien pasó a la clandestinidad.

Fernández, titular de Fedecámaras, fue detenido la medianoche del miércoles cuando cenaba en un restorán, mientras que Ortega está «en la clandestinidad», según informó la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) presidida por Ortega, y que responde al ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez.

• Medidas

El juez Maikel José Moreno dijo que el miércoles, y a pedido de la Fiscalía, el Tribunal de Control decidió dictar medidas privativas de libertad contra Fernández y Ortega por los delitos de «rebelión, traición a la patria, instigación a delinquir, asociación ilícita y devastación». El fiscal general Isaías Rodríguez indicó que agravó la situación de Fernández el hecho de que no fuera a declarar cuando fue citado.

«Ya era hora», dijo Chávez, quien tildó a Fernández y a Ortega de «golpistas» y dijo estar complacido por las decisiones judiciales.
Fernández había sucedido en el cargo en Fedecámaras a Pedro Carmona, el fugaz presidente del golpe de Estado de abril de 2002. «Fui informado a la medianoche y dije 'procedan', y me acosté con una sonrisa», afirmó Chávez.

El secretario general de la CTV, Manuel Cova, dijo que Ortega pasó «a la clandestinidad» en tanto que la oposición ya comenzó a movilizarse contra el gobierno. «Aquí no hay garantía para nada. Aquí no hay estado de derecho. Aquí el derecho lo ejerce el amo, el dueño del país, todopoderoso», dijo Ortega a canales de televisión. La CTV indicó que acudiría al respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar a Chávez por persecución.

• Reclamo

Desde Barcelona, España, el secretario general de la OEA, César Gaviria, que actúa de facilitador de la mesa de negociación y acuerdos entre el gobierno y la oposición, pidió que se respeten los derechos de Fernández. Gaviria dijo que «tiene presente la autonomía del Poder Judicial venezolano para tomar decisiones en la órbita de su competencia». «Dada la alta jerarquía que (Fernández) representa, así como el papel de director que tiene en la Coordinadora Democrática, deben tenerse presentes estas investiduras», agregó Gaviria. «Que las decisiones judiciales estén rodeadas de independencia e imparcialidad», pidió Gaviria. Al respecto, el vicepresidente, José Vicente Rangel, aclaró que «el Poder Ejecutivo no puede detener a nadie. Es una decisión del Poder Judicial y del ciudadano (fiscalía)», aclaró.

La ofensiva contra la oposición generó inquietud en España, cuyo gobierno forma parte de un grupo de seis naciones que tratan de ayudar a la pacificación de Venezuela.
«Son noticias que me parecen preocupantes, sobre todo, porque entran en flagrante contradicción con un acuerdo firmado el día antes, que va absolutamente en la dirección contraria», dijo la canciller española Ana Palacio ante el Senado español.

El vocero de la cancillería estadounidense, Richard Boucher, consideró que las detenciones ordenadas «son muy preocupantes».
Además, la actual presidenta de la gremial empresarial Fedecámaras, Alvis Muñoz, calificó la detención de «secuestro». Fernández y Ortega fueron las dos cabezas visibles del paro, que entre el 2 de diciembre y el pasado 2 de febrero colapsó la industria petrolera, principal motor de la economía de Venezuela. La huelga provocó perjuicios económicos estimados en 4.000 millones de dólares, y el gobierno recurrió a un control de cambio y de precios para conjurar la crisis.

Centenares de opositores se concentraron cerca de una de las sedes de la petrolera estatal PDVSA del este de Caracas para protestar. Al mediodía hubo una concentración en la zona de Altamira, este de la ciudad, y anoche se efectuó un cacerolazo.

«Estamos dispuestos a una paralización nueva de 24 horas. Si tenemos que hacerlo hasta que renuncie (Chávez), lo haremos», declaró el presidente de agroindustriales,
José González.

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