Desmanejo

Hugo Chávez persiste en sus intentos de instaurar una suerte de castrismo petrolero en Venezuela, vulnerando toda oposición y derecho. Su gobierno ha intensificado de modo preocupante en los últimos días la ola de expropiaciones de empresas y campos supuestamente improductivos, provocando la alarmada reacción del empresariado local. Los hombres de negocios, desengañados ya definitivamente de la tibia propuesta de conciliación enarbolada por el régimen en el último tiempo, advierten que la ofensiva chavista sólo provocará que las inversiones se sigan reduciendo, algo peligroso para un país cada vez más dependiente de la producción petrolera. El desmanejo de la economía venezolana es evidente, pero resulta disimulado por el actual boom del precio del crudo, que permite al gobierno hacer clientelismo a gran escala. El populismo, la demagogia y los planes «revolucionarios» de Chávez derivarán, cuando pase el nuevo auge petrolero, en una decepción para Venezuela, que habrá perdido otra brillante oportunidad de diversificar y desarrollar su economía mediante el uso de una renta multiplicada.

Caracas (AFP, EFE) - Varias organizaciones empresariales venezolanas rechazaron ayer las recientes intervenciones estatales de haciendas e industrias, tras una reunión sostenida con la cúpula empresarial, Fedecámaras, y anunciaron que preparan acciones para «defender la propiedad privada».

La organización privada Consecomercio «rechaza categóricamente las acciones que está realizando el gobierno nacional encaminadas a tomar la propiedad privada», dijo en conferencia de prensa Noel Alvarez, presidente de esa agrupación.

«Nosotros también manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo a esta agresión contra el desempeño de la actividad del sector privado en Venezuela», señaló Eduardo Gómez, presidente de Conindustria.

«Nos están arrinconando, llevándonos a una situación de improductividad», acotó por su parte el presidente de la organización privada agrícola Fedeagro, Gustavo Moreno.

En las últimas dos semanas, el gobierno del presidente Hugo Chávez intervino al menos tres instalaciones industriales que permanecían «inactivas» y cuatro haciendas ganaderas con titularidad no clara o en estado «ocioso», según portavoces oficiales, que suman 68.000 hectáreas. Chávez había advertido la semana pasada que su gobierno «quiere» que las empresas del país «trabajen a toda máquina», y que es « contrario» a la Constitución que «haya industrias cerradas y tierras ociosas».

Especialistas consultados por la prensa coincidieron ayer en que las intervenciones « debilitarán al sector privado y al movimiento obrero del país».

A juicio del presidente de la consultora Datanálisis, José Antonio Gil, las medidas de intervención «profundizarán la reducción de la inversión», lo que consecuentemente «debilitará el sector privado» en Venezuela.

Según el analista Manuel Sierra, «la propiedad privada legalmente no existe» en Venezuela, porque la Constitución ampara las figuras de intervención y expropiación «por causa de utilidad pública o interés social».

Como contrapartida, el ministro venezolano de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, calificó como una medida de «justicia social» y «de respaldo a los trabajadores» la intervención de las instalaciones «inactivas» en el país.