Se trata del Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros, creado en 1996. Sin embargo, cobró vida con un caso sin precedentes presentado por el gobierno de Trump.
Se trata del Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), que permaneció inactivo desde fines del 90.
Un tribunal poco conocido encargado de tramitar deportaciones de alta sensibilidad contra presuntos terroristas extranjeros fue activado por el presidente de EEUU Donald Trump. Se trata del Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), que permaneció inactivo desde fines del 90.
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Durante 30 años, un grupo rotativo de jueces asignados estuvo preparado para recibir casos. Sin embargo, hasta ahora el gobierno federal nunca había considerado acudir a este tribunal.
El tribunal otorga al gobierno un amplio margen para mantener en secreto las razones por las que considera que un inmigrante es terrorista. Además, limita muchas de las vías que normalmente tienen los migrantes para impugnar su deportación.
Desde que el Congreso creó el tribunal mediante una amplia ley conocida como la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, persistieron dudas sobre si sus procedimientos son constitucionales, lo que podría explicar por qué los gobiernos anteriores evitaron intentar presentar un caso ante él.
Los legisladores establecieron estos procedimientos confidenciales como una forma de proteger secretos de Estado que el Departamento de Justicia consideran como un riesgo para la seguridad nacional.
Según la ley, los presuntos “terroristas extranjeros” —un término definido legalmente— reciben información muy limitada sobre las pruebas reunidas para justificar su rápida deportación. Pero esas limitaciones dieron lugar a acusaciones de que el tribunal viola las garantías del debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda, que protege no solo a los ciudadanos, sino también a los inmigrantes con estatus legal e incluso a quienes están en el país sin autorización.
“El ATRC era el último tribunal al que se habría querido recurrir”, sostuvo el abogado Andrew Arthur, quien supervisó casos de terrorismo como uno de los principales letrados del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, según la CNN.
El gobierno de EEUU prepara una nueva etapa en su política migratoria tras la adquisición de un sistema de hipervigilancia ultramoderno por hasta 1.000 millones de dólares, destinado a fortalecer el control y el procesamiento masivo de datos dentro del aparato federal.
El acuerdo, firmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con la empresa Palantir Technologies, refuerza el trabajo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismos clave en la ejecución de las políticas migratorias.
Desde la asunción del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025, su administración deportó a más de 500 mil personas, en el marco de una estrategia de endurecimiento de los controles fronterizos y del seguimiento de migrantes en situación irregular.
El convenio habilita al DHS a adquirir software, licencias y servicios durante un período de cinco años, bajo una modalidad que agiliza las compras y evita nuevos procesos de licitación. Entre las principales capacidades del sistema se destacan: