Un informe reveló que EEUU destinó más de u$s40 millones a deportaciones hacia terceros países

La cifra se gastó en alrededor de 300 migrantes. La exposición de estos números generó grandes cuestionamientos.

Un informe develó los costos de las deportaciones de Trump.

La administración de Donald Trump desembolsó al menos u$s40 millones para trasladar a cerca de 300 migrantes hacia países distintos de los suyos, en el marco de una estrategia destinada a acelerar las expulsiones, según un informe elaborado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El reporte, encabezado por la senadora Jeanne Shaheen, cuestionó la política por considerarla “costosa, derrochadora y con escasa supervisión”, y reclamó un “serio escrutinio de una política que ahora opera en gran medida en la oscuridad”.

Pagos a cinco países y acuerdos en expansión

El documento detalló que entre u$s 4,7 millones y u$s 7,5 millones fueron transferidos a cinco países, Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos, para que aceptaran migrantes deportados desde Estados Unidos.

De acuerdo con el informe, El Salvador recibió alrededor de 250 ciudadanos venezolanos en marzo del año pasado. En contraste, Guinea Ecuatorial recibió 29 personas, mientras que Palaos no recibió deportados hasta el momento.

Las deportaciones costaron alrededor de u$s40 millones

AP

Los legisladores advirtieron que esos acuerdos representan solo una parte del esquema general. Según documentos internos revisados por The Associated Press, existen 47 acuerdos con terceros países en diferentes fases de negociación. De ese total, 15 ya fueron concluidos y otros 10 se encuentran cerrados o próximos a concretarse.

Además, la administración negoció entendimientos con naciones que aceptan solicitantes de asilo mientras se tramitan sus pedidos. En ese marco, 17 acuerdos estuvieron en distintas etapas, nueve de ellos ya en vigor formalmente, aunque el Gobierno sostuvo que no siempre es necesario que estén finalizados para enviar personas allí.

La defensa de EEUU

El Departamento de Estado, encargado de supervisar las negociaciones, defendió la política como parte de la ofensiva para frenar la inmigración ilegal.

“Hemos arrestado a personas que son miembros de pandillas y las hemos deportado. No queremos miembros de pandillas en nuestro país”, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio durante una audiencia en el Senado el mes pasado.

Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes calificaron la estrategia de “tercer país” como irresponsable y advirtieron que podría vulnerar garantías de debido proceso, además de dejar a los deportados en naciones con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.

Durante una visita a Sudán del Sur, asesores demócratas observaron una vivienda cercada y vigilada por guardias armados donde permanecían migrantes deportados, incluidos ciudadanos de Vietnam y México.

Cuestionamientos por los costos y las eficacia

El informe también señaló posibles ineficiencias económicas. En varios casos, migrantes fueron enviados a un tercer país y posteriormente trasladados nuevamente, con otro vuelo financiado por Estados Unidos, a su país de origen.

Las deportación es una de las principales políticas de Donald Trump.

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“En muchos casos, los migrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costos adicionales”, sostuvo Shaheen en un comunicado firmado junto a los senadores demócratas Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen.

Asimismo, el reporte indicó que no está claro qué beneficios obtienen los países receptores a cambio de aceptar a migrantes extranjeros.

Pedidos diplomáticos

Documentos diplomáticos divulgados en enero mostraron que, tras sellar un acuerdo el año pasado, Sudán del Sur presentó a Washington una lista de solicitudes que incluía apoyo para procesar judicialmente a un líder opositor y el levantamiento de sanciones contra un alto funcionario acusado de desviar más de u$s1.000 millones en fondos públicos.

Por otro lado, Shaheen cuestionó un pago de u$s 7,5 millones a Guinea Ecuatorial, que coincidió con el fortalecimiento de vínculos entre la administración Trump y el vicepresidente Teodoro “Teddy” Nguema Obiang, una figura señalada internacionalmente por presuntos casos de corrupción y estilo de vida ostentoso.

El informe demócrata constituye la primera revisión formal del Congreso sobre estos acuerdos y anticipa un debate político más amplio en torno al costo, la transparencia y el impacto humanitario de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca.