La administración de Donald Trump gastó cerca de u$s35 millones para deportar alrededor de 300 migrantes a países con los que no tenían ninguna relación, según un reciente informe del Senado de EEUU. La maniobra fue mediante transferencias a gobiernos extranjeros sin un sistema que rastreara cómo se utilizó el dinero, indicó el documento.
18 de febrero 2026 - 10:38
Un informe reveló que EEUU destinó cerca de u$s35 millones a deportaciones hacia terceros países
La cifra se gastó en cerca de 300 migrantes en transferencias a diversos gobiernos extranjeros, sin rastrear el uso del dinero. La exposición de estos números generó grandes cuestionamientos en el ala demócrata.
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Un informe develó los costos de las deportaciones de Trump.
Las cifras salen de un análisis impulsado por legisladores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU. Su estudio suma un coste medio de aproximadamente u$s116.666 por cada persona deportada según el número total.
Pagos a cinco países y acuerdos en expansión
La mayor parte del dinero se destinó a cinco países —Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Palaos y Esuatini— que en conjunto recibieron u$s32 millones con fondos transferidos directamente a gobiernos extranjeros en lugar de a través de socios externos.
En el caso de Guinea Ecuatorial, que ocupa el puesto 172 de 182 países en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, recibió u$s7,5 millones, más que la ayuda exterior total de EEUU proporcionada al país en los ocho años anteriores, según el informe.
El informe detallaba ejemplos concretos en los que los migrantes fueron enviados a países alejados de su país de origen. Por ejemplo, un ciudadano mexicano fue transportado hacia Sudán del Sur con un coste estimado de u$s91.000 por persona, incluyendo alojamiento en una base militar estadounidense en Yibuti durante el trayecto.
Semanas después fue enviado de vuelta a México mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no fue informado de la deportación. Por otro lado, un ciudadano jamaicano fue enviado a Esuatini por un coste estimado de más de u$s181.000, a pesar de tener órdenes de deportación a su país. Semanas después, EEUU volvió a pagar para trasladarlo a su hogar.
De acuerdo con el informe, El Salvador recibió alrededor de 250 ciudadanos venezolanos en marzo del año pasado. En contraste, Guinea Ecuatorial recibió 29 personas, mientras que Palaos no recibió deportados hasta el momento.
Los legisladores advirtieron que esos acuerdos representan solo una parte del esquema general. Según documentos internos revisados por The Associated Press, existen 47 acuerdos con terceros países en diferentes fases de negociación. De ese total, 15 ya fueron concluidos y otros 10 se encuentran cerrados o próximos a concretarse.
Además, la administración negoció entendimientos con naciones que aceptan solicitantes de asilo mientras se tramitan sus pedidos. En ese marco, 17 acuerdos estuvieron en distintas etapas, nueve de ellos ya en vigor formalmente, aunque el Gobierno sostuvo que no siempre es necesario que estén finalizados para enviar personas allí.
La defensa de EEUU
El Departamento de Estado, encargado de supervisar las negociaciones, defendió la política como parte de la ofensiva para frenar la inmigración ilegal.
“Hemos arrestado a personas que son miembros de pandillas y las hemos deportado. No queremos miembros de pandillas en nuestro país”, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio durante una audiencia en el Senado el mes pasado.
Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes calificaron la estrategia de “tercer país” como irresponsable y advirtieron que podría vulnerar garantías de debido proceso, además de dejar a los deportados en naciones con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.
Durante una visita a Sudán del Sur, asesores demócratas observaron una vivienda cercada y vigilada por guardias armados donde permanecían migrantes deportados, incluidos ciudadanos de Vietnam y México.
Cuestionamientos por los costos y las eficacia
El informe también señaló posibles ineficiencias económicas. En varios casos, migrantes fueron enviados a un tercer país y posteriormente trasladados nuevamente, con otro vuelo financiado por Estados Unidos, a su país de origen.
“En muchos casos, los migrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costos adicionales”, sostuvo Shaheen en un comunicado firmado junto a los senadores demócratas Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen.
Asimismo, el reporte indicó que no está claro qué beneficios obtienen los países receptores a cambio de aceptar a migrantes extranjeros.
Pedidos diplomáticos
Documentos diplomáticos divulgados en enero mostraron que, tras sellar un acuerdo el año pasado, Sudán del Sur presentó a Washington una lista de solicitudes que incluía apoyo para procesar judicialmente a un líder opositor y el levantamiento de sanciones contra un alto funcionario acusado de desviar más de u$s1.000 millones en fondos públicos.
Por otro lado, Shaheen cuestionó un pago de u$s 7,5 millones a Guinea Ecuatorial, que coincidió con el fortalecimiento de vínculos entre la administración Trump y el vicepresidente Teodoro “Teddy” Nguema Obiang, una figura señalada internacionalmente por presuntos casos de corrupción y estilo de vida ostentoso.
El informe demócrata constituye la primera revisión formal del Congreso sobre estos acuerdos y anticipa un debate político más amplio en torno al costo, la transparencia y el impacto humanitario de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca.
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