La medida fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las sanciones establecen el bloqueo de propiedades, activos e intereses financieros.
La OFAC amplió la lista de funcionarios cubanos alcanzados por sanciones financieras.
El gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a funcionarios de alto rango del gobierno cubano, mandos militares y organismos de inteligencia, en una nueva escalada de presión contra La Habana impulsada por la administración de Donald Trump. Las medidas fueron oficializadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y afectan bienes, intereses financieros y operaciones económicas bajo jurisdicción estadounidense.
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La actualización publicada por la OFAC incluyó a Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, y a Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. También quedaron bajo sanción los ministros de Energía y Minas, Comunicaciones y Justicia.
La lista se amplió además al viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los jefes de los ejércitos Oriental y Central, junto con otros altos mandos vinculados a las estructuras militares y de seguridad del Estado cubano.
Entre los organismos señalados aparecen la Dirección de Inteligencia de Cuba y la contrainteligencia militar, consideradas por Washington como piezas clave dentro del aparato estatal de la isla.
Las sanciones establecen el bloqueo de propiedades, activos e intereses financieros de los funcionarios alcanzados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben cualquier tipo de transacción económica entre ciudadanos o entidades de Estados Unidos y las personas u organismos sancionados.
Según informó la Ofac, estas disposiciones forman parte de la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, destinada a ampliar las restricciones contra instituciones y dirigentes vinculados al gobierno cubano.
Desde Washington señalaron que las medidas buscan responder a lo que consideran amenazas a la seguridad nacional estadounidense, además de presuntas violaciones de derechos humanos y supuestos vínculos de Cuba con actores adversarios de Estados Unidos.
La decisión llega apenas días después de otro movimiento de la Casa Blanca sobre la isla. El pasado 7 de mayo, Estados Unidos incorporó a su esquema de sanciones al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Níquel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt.
Tras esa resolución, las compañías conjuntas vinculadas a Moa Níquel fueron disueltas de manera inmediata, en un episodio que profundizó el impacto económico y político de las restricciones impulsadas por Washington.
Con esta nueva ampliación, la administración Trump refuerza su estrategia de presión sobre el gobierno cubano y vuelve a tensionar la relación bilateral entre ambos países, en un contexto marcado por sanciones económicas cada vez más amplias y un endurecimiento del discurso político entre Washington y La Habana.