El final del plan más ambicioso de Pastrana
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A su vez, informes del Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz, con sede en Estocolmo (SIPRI) se han referido a los estrechos nexos de los grupos paramilitares y guerrilleros con el negocio del narcotráfico, destacando que «a medida que creció la cuota parte de Colombia en el mercado de la coca (materia prima de la cocaína), también crecieron los ingresos de los grupos armados. «Hasta 70% de los ingresos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) proviene del comercio de droga, mientras que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) recibieron un estimado de 400 a 600 millones de dólares en dinero del narcotráfico en 2000», señaló el SIPRI en uno de sus reportes.
En numerosas ocasiones, los dirigentes de las FARC han afirmado que aunque el movimiento no trafica con drogas ilícitas, sí cobran impuestos a los narcotraficantes para permitirles realizar sus negociaciones en los territorios dominados por la insurgencia. Carlos Castaño, líder político de las AUC, también confirmó que su movimiento se financia principalmente de «impuestos» que cobra al narcotráfico, precisando que «prefiero recibir efectivo de los narcos que de la gente honesta».
Es precisamente en las zonas donde se encuentran las más de 130.000 hectáreas de plantaciones de coca y de amapola (materia prima para la heroína) existentes en el país, en donde en los últimos años se han presentado los más agudos enfrentamientos entre las guerrillas y los grupos paramilitares, que más que a un objetivo político obedecen a la necesidad de mantener el control sobre ellas, por lo que representan económicamente.
A su vez, dichos enfrentamientos han originado éxodos masivos de campesinos, que quedan en medio de los combates y a menudo son acusados por cada una de las partes de colaborar con su enemigo.
Para contrarrestar el flagelo, el presidente Andrés Pastrana puso en marcha el llamado plan Colombia, que a un costo de 7.500 millones de dólares busca financiar la lucha contra el narcotráfico, el proceso de paz con las guerrillas izquierdistas y el desarrollo socioeconómico colombiano. Washington aportó 1.300 millones de dólares especialmente destinados al componente militar del plan antidrogas.




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