El Supremo brasileño allanó a allegados del Gobierno e investiga usinas de fake news

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Comprometió a empresarios influyentes, legisladores y hasta a blogueros notorios. Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y supuesto cabecilla de la "oficina del odio", denunció una persecución. ¿Autogolpe?

Río de Janeiro - El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sorprendió ayer al bolsonarismo al lanzar 29 allanamientos en residencias de empresarios y personalidades vinculados a la familia del presidente bajo la sospecha de financiación ilegal de sitios generadores de noticias falsas y calumniosas contra jueces. La reacción del Gobierno fue tumultuosa y anticipa nuevos episodios de su disputa con el alto tribunal.

En la lista de investigados, aunque por el momento sin haber sufrido procedimientos de ese tipo, figuran seis diputados federales que son la tropa de choque del presidente Bolsonaro en la Cámara de Diputados y en las redes sociales. Se trata de Carla Zambelli, Daniel Silveira, Filipe Barros, Junior de Amaral y Luiz Phillipe Orleans e Bragança, descendiente de la familia real que gobernó hasta 1889.

En tanto, entre quienes sí fueron allanados figuran dos miembros de la Asamblea Legislativa de San Pablo, quienes vieron revisados sus despachos. Lo mismo cupo a la diputada federal Bia Kicis y al exdiputado federal Roberto Jefferson, también defensores del Gobierno.

Otro de los objetos de los operativos fue, en Brasilia, Allain dos Santos, quien fue calificado como “uno de los blogueros bolsonaristas más conocidos”, dijo el periodista Bernardo Mello Franco en radio CBN.

Según se sospecha, Dos Santos tendría vínculos con Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, concejal en Río de Janeiro, hombre de máxima influencia en el Palacio del Planalto y a quien se atribuye haber instalado allí la llamada “oficina del odio” para difundir fake news y calumnias contra jueces y opositores.

“Esta investigación es inconstitucional, política y ideológica”, dijo Carlos Bolsonaro.

En tanto, en Twitter, Eduardo Bolsonaro, diputado federal, acusó al juez Alexandre Moraes, del STF, la máxima instancia judicial de Brasil, de haber tenido y una conducta “dictatorial” contra sus aliados.

“Los que creían que Brasil tendría medidas autoritarias a partir de las elecciones de 2018 acertaron, pero no contaban con que la orden dictatorial no vendría del presidente que ellos tanto acusan de dictador”, afirmó Eduardo Bolsonaro, referente de la ultraderecha regional. La pulseada entre el oficialismo y el Supremo viene de lejos, pero ganó en intensidad en los últimos días después de que Celso de Mello, juez de ese tribunal, diera curso a la Procuración General de la República para que opine sobre un pedido de aprehensión del celular del jefe de Estado a fin de determinar si interfirió en la Policía Federal para desligar a familiares y allegados de investigaciones en curso. Su ministro de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, llegó a advertir al cuerpo judicial con “consecuencias institucionales imprevisibles”, algo considerado por analistas como una amenaza de clausura.

El cierre del Supremo es una de las reivindicaciones centrales de las marchas oficialistas en las que suele mostrarse Bolsonaro.

En tanto, Carla Zambelli, una de las allanadas, pidió un juicio político contra el juez De Moraes. “Estamos viviendo un estado de excepción”, denunció.

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