Mario Abdo Benítez asumió la presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 2018 tras imponerse como candidato del tradicional Partido Colorado. Heredero político e ideológico del stronismo, intentó construir una imagen de “renovador” y prometió gobernar con austeridad. Sin embargo, su quinquenio terminó el 15 de agosto de 2023 con denuncias por favoritismo en la obra pública y una feroz interna partidaria que erosionó su capital político. El estallido final llegó con una denuncia que conecta cuentas offshore, utilidades no declaradas y posibles delitos económicos graves.
A lo largo de su mandato, Abdo cultivó una alianza explícita con Estados Unidos: avaló sanciones contra Venezuela, respaldó operaciones de inteligencia y permitió capacitaciones militares. Esa cercanía quedó documentada en abril de 2025, cuando se filtró un cable confidencial del exembajador Marc Ostfield, quien lo calificaba como “aliado estratégico” y defendía sus negocios pese a las críticas internas. Ese documento confirmaba las sospechas de la Cancillería, que en 2024 había exigido la salida anticipada del diplomático.
En Paraguay investigan cuentas del expresidente Mario Abdo Benítez en un paraíso fiscal
El escándalo estalló cuando, apenas días después de dejar la presidencia, Abdo presentó una declaración jurada que indicaba un patrimonio neto de unos u$s3 millones. Pero la Contraloría General de la República reveló que dos de sus empresas (Aldia S.A. y Createc S.A.) generaron utilidades por más de u$s45 millones entre 2018 y 2023, de los cuales un 90% fue reclasificado como “reservas”, esquivando impuestos y control fiscal.
A eso se sumó una filtración confidencial con registros bancarios que revelan la existencia de dos sociedades registradas en Seychelles, un conocido paraíso fiscal. Ambas cuentas (una abierta en noviembre de 2022 y otra en septiembre de 2023) están a nombre de Abdo y su esposa, y suman más de u$s21 millones. Las transferencias vinculadas a estas sociedades exhiben un patrón típico de lavado de activos: constitución exprés de LLCs, cuentas fiduciarias sin beneficiario final declarado, flujos fraccionados desde paraísos fiscales y eventual repatriación en forma de inversiones opacas.
La magnitud del capital declarado fuera del país (siete veces superior a lo registrado oficialmente) abre una serie de interrogantes judiciales y diplomáticos. ¿De dónde salió el capital inicial? ¿Fue ocultado a través de utilidades no distribuidas? ¿Qué rol jugó el respaldo estadounidense? El cable de Ostfield, llamativamente, no menciona las ganancias extraordinarias de las firmas del expresidente.
Mario Abdo Benítez.
El abogado consideró que se trata de un nuevo intento de desprestigiar al expresidente. “No es solo una postura retórica. Se intenta construir un perfil malicioso para dañar su imagen pública”, sostuvo.
Las próximas investigaciones se centrarán en dos frentes: la ingeniería contable que permitió esconder utilidades localmente, y la ruta del dinero hacia jurisdicciones opacas. Seychelles, con secreto societario y un impuesto simbólico del 1,5 %, ofrece condiciones ideales para el ocultamiento de fondos. Sin cooperación internacional, Paraguay difícilmente podrá seguir el rastro completo.
El caso podría marcar un punto de inflexión institucional. Si la Justicia actúa con independencia, Abdo Benítez podría enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con penas que incluyen hasta 10 años de prisión y el decomiso del patrimonio. Si, en cambio, las causas se diluyen, se fortalecerá la percepción de que, en Paraguay, el dinero y el poder siguen estando por encima de la ley.
En juego no solo está el legado de un expresidente, sino también la credibilidad de un sistema político que aspira a posicionar al país como hub logístico regional. El desenlace dirá si Paraguay está dispuesto a investigar a sus propios dirigentes con la misma dureza con la que persigue a sus críticos.
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