En el segundo país del mundo que más inmigrantes recibe, después de EE.UU., el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pasó de una política permisiva que facilitaba las legalizaciones a la imposición de severas restricciones. «Aquí que vengan con contrato», fue la frase que proclamó, a modo de resumen de la nueva postura, por el socialista Celestino Corbacho, un ministro de Trabajo e Inmigración políticamente incorrecto y cercano a las tesis del conservador Partido Popular.
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Con 4,5 millones de extranjeros (se calcula que, de ellos, entre 300.000 y un millón son irregulares) y una crisis económica en ciernes (que entrega mes a mes peores indicadores de crecimiento, inflación y desempleo), el gobierno socialista inició una estrategia que le ha valido las críticas de las ONG y hasta del Parlamento Europeo, que catalogó como « cárceles» sus centros de internamiento. Y, después de críticas españolas a la dura política de Silvio Berlusconi, hasta una dolorosa ironía desde Roma: «España es nuestro modelo».
Asistencia jurídica gratuita; tiempo máximo de retención de 40 días que, como mucho, se ampliará a 60; menores atendidos en centros abiertos; detenciones que sólo puede autorizar un juez; penas de cárcel para los delincuentes que, si son inferiores a seis años, pueden ser sustituidas por la expulsión... España presume de tener una de las políticas más garantistas de la Unión Europea, pero el endurecimiento es innegable.
En el destino favorito de las travesías clandestinas (en 2007 llegaron 18.057 cayucos y 921 personas murieron por el camino) se centran ahora en repatriar, en incentivar el regreso voluntario y en vigilar las fronteras.
Las críticas a la política de Berslusconi responden, antes que a consideraciones humanitarias, a la preocupación por un posible «efecto llamada» que pueda derivarse de la ley italiana. Concretamente, el gobierno español teme que los miles de «sin papeles» que huyan de aquel país intenten refugiarse en su territorio, cambiando así la rudeza de una legislación que declara delito la inmigración ilegal por otra que simplemente la considera una infracción administrativa.
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