España: rebelión de alcaldes contra el matrimonio gay
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«Para mí un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica», afirmó Lluis Fernando Caldentey, tras anunciar también que no casará a personas del mismo sexo. Para frenar la oleada de críticas que se veía venir por esas declaraciones, el portavoz del Partido Popular de Cataluña, Francesc Vendrell, salió al cruce al asegurar que los comentarios de Caldentey «no responden en absoluto al pensamiento del PP».
«El respeto y la obediencia de la ley es la base esencial» del estado de derecho, afirmó el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, antes de indicar que las parejas podrán apelar ante la negativa de un alcalde a oficiar la boda.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se pronunció en ese sentido afirmando que «las leyes están para cumplirlas».
A mitad de camino entre responsabilidad y conciencia, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, explicó que no votará la ley en el Senado, pero «la cumpliremos».
Con la ley que el jueves pasado aprobaron 183 diputados (sobre un total de 350), que modifica el Código Civil y que entrará en vigor en julio, España se convierte en el tercer país europeo en autorizar el casamiento entre homosexuales, luego de Holanda y Bélgica. Además, la norma abre la puerta a las adopciones por parte de parejas gays.
Mientras, desde el gobernante Partido Socialista Obrero español (PSOE) se acusó al titular nacional del PP, Mariano Rajoy, de estimular con su silencio a las actitudes «reaccionarias» de sus alcaldes. Rajoy dijo que la norma que permite el matrimonio gay es innecesaria y un «grave error» porque genera «tensión».




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