Un guardia civil español enmascarado por razones de seguridad pasa junto a un muro con un graffiti de ETA en Alsasua. El poder extorsivo del terrorismo se hace sentir con fuerza en el País Vasco.
Madrid - El cese el fuego permanente anunciado ayer por ETA se produce después de varios años de acoso político-judicial contra la organización separatista armada vasca y su brazo político, Batasuna, excluida del mapa político democrático desde marzo de 2003. Las incesantes redadas policiales efectuadas en España y Francia debilitaron considerablemente a ETA, último gran movimiento independentista armado activo en Europa, tras los acuerdos del Viernes Santo que en 1998 pusieron fin a 30 años de actos terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA).
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Incapaz de reconstituir rápidamente, como hizo años atrás, sus comandos y su dirección, ETA es la sombra de lo que fue la organización, que en 38 años de actividad terrorista por la independencia del País Vasco mató a más de 800 personas. Desde mayo de 2003, ETA no provocó ningún atentado mortal, limitándose a su campaña de ataques de «baja intensidad» y a la extorsión al empresariado vasco, con el llamado «impuesto revolucionario».
A la presión policial se sumó un ahogo sistemático del movimiento independentista vasco, iniciativa liderada de forma coordinada por jueces españoles y por el ex gobierno conservador de José María Aznar (1996-2004). El juez Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, fue el instigador clave de ese progresivo estrangulamiento.
Entre 1998 y 2002, Garzón logró desmantelar un conglomerado de organizaciones vascas que actuaban en el terreno político (KAS-EKIN), internacional (XABI), mediático y cultural (el diario «Egin») y en el ámbito de la desobediencia civil (Fundación Joxemi Zumalabe), partiendo del principio de que ETA no habría podido sobrevivir y actuar sin esa red de apoyo social. Garzón también apuntaba a la red financiera de ETA, como las llamadas «herriko tabernas», y a empresas asentadas en Latinoamérica y vinculadas con la organización armada. Desde noviembre pasado, 56 militantes vascos pertenecientes a esa nebulosa comparecen ante la Justicia en un «megajuicio» nunca antes celebradocontra el entorno de ETA.
Pero el momento álgido de esa estrategia se produjo en junio de 2002, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Partidos que abría el camino a la ilegalización de todo partido que no condene la violencia de ETA, y en marzo de 2003, cuando el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna por pertenecer al entramado de ETA.
• Obstáculo
Proscripta para cualquier actividad política y privada de financiación, Batasuna no pudo participar en las elecciones regionales de mayo de 2005, en las que el Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado, en el poder regional desde 1980) y otras formaciones aliadas lograron la mayoría relativa en la Cámara.
ETA y sus atentados se convirtieron en el obstáculo mayor para la sobrevivencia de Batasuna, que pasa por su participación en las municipales de 2007.
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