Finalmente, Italia aprobó la controvertida ley de inmigración

El Senado aprobó una ley sobre seguridad promovida por el gobierno de centroderecha de Silvio Berlusconi, que prevé el delito de "inmigración ilegal" y permite la formación de grupos civiles que harán rondas e informarán a la policía sobre situaciones de peligro.

La medida había sido aprobada en mayo por la Cámara de Dipitados.

La ley, que entrará en vigor cuando se publique en la Gaceta Oficial del Estado con la promulgación del presidente, Giorgio Napolitano, ya fue condenada por la oposición, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Vaticano.

Esta nueva ley, que castiga la inmigración ilegal con una multa entre 5.000 y 10.000 euros y con la expulsión inmediata, fue aprobada en el Senado con un voto de confianza pedido por el gobierno.

Este procedimiento impide, de hecho, que los parlamentarios debatan los artículos antes de la votación.

Cuando esta ley se haya promulgado, los extranjeros deberán exhibir el permiso de residencia en Italia para poder inscribir un hijo en el registro civil.

La norma fue criticada por muchas asociaciones temerosas de que en Italia se dé el fenómeno de los "niños invisibles" para los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia.

Por otro lado, la nueva ley prevé hasta tres años de prisión para quien alquile una casa o una habitación y obtenga un "injusto beneficio" de inmigrantes sin permiso de residencia.

También prevé que el Ministerio del Interior instituya un registro de los pordioseros sin residencia fija.

Del mismo modo, según la nueva ley, será posible constituir asociaciones de ciudadanos que, inscritas en listas especiales, podrán realizar rondas de vigilancia para informar a las fuerzas de policía sobre situaciones de malestar social o de peligro.

Anna Finocchiaro, ex magistrada y jefa de la bancada senatorial del Partido Democrático, el primero de la oposición, afirmó que la ley "es solo un puñetazo encima de la mesa sin ninguna eficacia desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos".

Al mismo tiempo, agregó la senadora, es "una grave violación de los derechos de los inmigrantes, que cuidan los bienes y las personas ancianas de los italianos y cuyo trabajo es indispensable para el funcionamiento de miles de empresas".

"El único efecto de la ley -agregó Finocchiaro- será convertir a los inmigrantes en invisibles en el territorio. Con ella se favorece la clandestinidad que se quisiera combatir. Los costos sociales de la ley, aún no calculados por el este gobierno, serán altísimos".

Para el secretario del pontificio consejo para los Inmigrantes e Itinerantes, monseñor Agostino Marchetto, la ley suscita "preocupación por lo que sucederá" y por "los derechos humanos" porque "no tiene en cuenta uno de los derechos humanos fundamentales, el de migración".

Marchetto afirmó que la legislación "ignora la integración".

La ley "apunta sólo a la seguridad, la preocupación fundamental es la seguridad mientras que el aspecto de la integración no aparece.

Seguramente no para los irregulares, para quienes hay otro trato", dijo monseñor Marchetto. Agregó que "la gran cuestión hoy, en cambio, es la integración y con esta norma no faltarán las dificultades".

Consultado sobre los cuestionamientos del Vaticano a la legislación, Berlusconi respondió: "no conozco las críticas del Vaticano, no puedo responder".