Los presidentes Néstor Kirchner, Inacio "Lula" Da Silva, Hugo Chávez y Evo Morales se reunirán pasado mañana en la ciudad misionera de Puerto Iguazú para analizar la decisión de Bolivia de nacionalizar su producción de hidrocarburos.
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En el encuentro, confirmado por la Presidencia de la Nación, también podría analizarse la tensa relación entre la Argentina y el Uruguay por las papeleras.
La reunión entre los jefes de Estado se realizará el mismo día en que el mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, se reúna con el presidente de Estados Unidos, George Bush, para bucear la posibilidad de un acuerdo comercial.
Justamente, la posibilidad de que Uruguay se asocie con Estados Unidos generó una crisis en el Mercosur y versiones de que Tabaré Vázquez tenía decidido cambiar el status de su país, de "miembro pleno" a "asociado".
La reunión permitiría también analizar el futuro del precio del gas que Bolivia le vende a la Argentina y Brasil.
La Argentina depende cada vez más del gas que importa desde Bolivia, para sostener su ritmo de crecimiento.
El presidente de Brasil llamó pasadas las 18:30 a Kirchner y en un breve diálogo consideraron necesario mantener un encuentro personal para conocer de primera mano el rumbo que adopta Bolivia en materia de producción de hidrocarburos.
El presidente boliviano anunció ayer la decisión de nacionalizar la producción petrolera, lo que tomó por sorpresa a los países de la región y a las empresas del sector.
A partir de ahora, el Estado boliviano pasó a tener el control del 51 por ciento de las petroleras que operan en su territorio.
Preocupación regional y de la UE
La Unión Europea, España y Brasil expresaron hoy "preocupación" por la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar los hidrocarburos, al tiempo que Perú y México consideraron la medida como "soberana".
La Comisión Europea, ejecutivo de la UE, esperaba que el gobierno de Bolivia realice "un proceso de consultas y discusiones" antes de adoptar la decisión, anunciada el lunes por el presidente, Evo Morales, dijo Johannes Laitenberger, vocero del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
Bruselas conocía la determinación de La Paz de "adoptar medidas para aumentar el rol del estado" porque había formado parte de las promesas de campaña de Morales, sostuvo el vocero.
Aunque agregó: "teníamos la esperanza de que antes de la toma de decisión, hubiese un proceso de consulta y discusión".
"La Comisión ha tomado nota con preocupación del decreto", comentó Laitenberger. Voceros del área de energía de la UE consideraron que la decisión de Bolivia puede provocar efectos "negativos" en los mercados de gas y petróleo.
A su vez, fuentes europeas informaron hoy que Morales pronunciará el 15 de mayo un discurso ante el plenario del Parlamento de Estrasburgo, en el marco de la visita que hará al continente y que fue acordada entre el presidente del Parlamento europeo, Josep Borrell, y representantes políticos de ese cuerpo legislativo.
Además del pronunciamiento de la UE, España manifestó su preocupación y reclamó diálogos entre las empresas que operan en ese país, entre ellas Repsol YPF, y Bolivia.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero convocó, en ese marco, al representante de negocios boliviano en España, Alvaro del Pozo, para manifestarle su posición y hablarle de las posibles "consecuencias sobre las relaciones bilaterales".
La cancillería española expresó en un comunicado su "más profunda preocupación ante el decreto supremo" firmado por Morales y dijo que espera que "se abra entre el ejecutivo de Bolivia y las empresas extranjeras una negociación en la que se respeten los intereses de ambos".
El gobierno español, según el mismo texto, espera que Bolivia evite "el envío de una señal negativa hacia la comunidad inversora internacional".
Madrid "sigue muy de cerca la situación y seguirá trabajando en coordinación con el conjunto de países que mantienen las relaciones más intensas con Bolivia para que se llegue a una solución satisfactoria para las partes", expresó el ministerio de Exteriores.
La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), pidió al jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se involucre personalmente en la defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior.
La vicepremier, María Teresa Fernández de la Vega, comunicó hoy que su gobierno mantendrá reuniones con representantes de las empresas españoles radicadas en Bolivia para analizar la decisión de Morales.
Brasil, cuya compañía Petrobras es la principal inversionista en hidrocarburos en Bolivia, consultará a los países de la región para evaluar la medida de Morales, según el vocero gubernamental Andrés Singer.
El presidente, Luiz Lula da Silva, se comunicará con otros mandatarios de la región, dijo Singer sin dar nombres, tras una reunión de Lula con el núcleo de coordinación de su gobierno para debatir el impacto sobre Brasil, que consume 50 por ciento del gas generado en Bolivia.
En Perú, el presidente Alejandro Toledo consideró que si Morales "ha decidido estatizar los hidrocarburos, es una decisión soberana".
Sin embargo, se diferenció de Morales al decir que su país necesita captar inversiones, locales y extranjeras.
El ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, opinó que la medida del gobierno boliviano tendrá un impacto "negativo".
Por su parte, el Partido Nacionalista de Ollanta Humala, ganador de la primera vuelta de la elección presidencial, no descartó hacer lo propio en Perú si triunfa en el balotaje de junio.
El gobierno de México expresó hoy su respeto a la "decisión soberana" de Morales de nacionalizar los hidrocarburos y confió en que no impida continuar las negociaciones para alcanzar un acuerdo en materia de gas natural.
"México respeta la soberanía de los países y está en su decisión soberana el gobierno de Bolivia de realizar ese y otros actos en el marco de sus propias leyes y de la propia soberanía que el pueblo le concede", declaró el vocero presidencial Rubén Aguilar.
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