París (EFE, AFP) - El Parlamento francés asestó ayer un golpe de muerte a la polémica ley de las 35 horas semanales de trabajo, diez años después de su adopción por el entonces gobierno socialista. Lo hizo al aprobar un proyecto de ley que da a las empresas la posibilidad de negociar directamente con los asalariados el tiempo de trabajo y las compensaciones.
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Cientos de profesionales y técnicos superiores se manifestaron ayer contra la reforma en las proximidades del Senado, que anoche aprobó el texto, último paso antes de que una comisión mixta de las dos cámaras le dé el visto bueno definitivo. Los senadores también adoptaron otras reformas sociales importantes, como la modificación del marco para organizar huelgas y criterios más ajustados para el otorgamiento de seguros de desempleo.
Mientras la primera parte del proyecto de ley, relativa a la representatividad sindical, fue bastante consensuada, la que reforma el tiempo de trabajo suscitó el rechazo frontal de los sindicatos y de la oposición de izquierda.
El presidente Nicolas Sarkozy, que arremetió repetidamente en su campaña electoral contra las 35 horas semanales de trabajo, dijo que la nueva norma es la última etapa para «reparar los estragos» que causó aquella disposición socialista. Aunque se mantiene el tiempo legal de trabajo en 35 horas semanales -derogarlo formalmente habría sido demasiado costoso en términos políticos-, las empresas podrán superar ampliamente ese techo mediante negociaciones con sus asalariados.
Así podrán superar el número de horas extras actualmente fijado en un máximo de 220 por año) sin tener que pedir el consentimiento de la inspección de trabajo, siempre y cuando no hagan trabajar a los empleados más de 48 horas semanales.
Para los cuadros profesionales, la futura norma marca en la práctica el fin de las 35 horas. Las empresas podrán forzarlos a renunciar a todo o parte de sus horas y días de franco al pedirles que trabajen hasta 235 días por año e incluso, teóricamente, hasta 282, frente al promedio actual de 215.
El partido gobernante, la conservadora UMP de Sarkozy, defendió el proyecto de ley que da a los asalariados, dice, la posibilidad de «trabajar más para ganar más», es decir, el gran lema del actual mandatario durante su campaña al Elíseo.
Para el presidente, la norma parte de una treintena de medidas que, entre otras disposiciones, también simplifica el régimen tributario para las empresas, clave para el relanzamiento de la economía nacional. El empresariado francés atribuyó a la semana laboral de 35 horas la merma en la competitividad de Francia, el escaso crecimiento de la inversión y el estancamiento económico, además de no haber cumplido con la promesa socialista de abatir el desempleo.
Como contracara, el sindicato CGC, que quiere impugnar la nueva norma ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aseguró que se trata de «una vuelta al siglo pasado», mientras que la CFDT ve en ella un «ensañamiento ideológico de la derecha».
La oposición de izquierda, que apelará al Consejo Constitucional, acusó al gobierno de «reventar» todas las conquistas sociales.
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