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El Ejecutivo israelí decidió durante la reunión semanal de los domingos la creación de una comisión ministerial especial, que se encargará de aplicar las recomendaciones del "Informe Sasón", un documento que denunció las irregularidades del Gobierno relacionadas con la construcción ilegal de enclaves judíos.
El Gobierno israelí considera "ilegales" todas aquellas construcciones y enclaves judíos levantados, generalmente por jóvenes familias en distintos montes de Cisjordania, después de marzo de 2001.
Sin embargo, los palestinos y la comunidad internacional consideran ilegales todos los asentamientos judíos construidos en los territorios ocupados.
La decisión de crear la comisión, que será encabezada por la ministra de Justicia, Tzipi Livni, del partido Likud, fue aprobada por 18 votos a favor y uno en contra.
Según informó la radio pública israelí, el gabinete decidió evacuar 24 enclaves judíos en Cisjordania, que aparentemente son aquellos que el informe de la abogada Talia Sasón denuncia que fueron construidos después de que el primer ministro israelí, Ariel Sharon, alcanzara el poder, tras las elecciones de febrero de 2001.
Entretanto, analistas jurídicos y asesores leales del Gobierno debaten la posibilidad de que Israel desmantele no sólo aquellas construcciones consideradas "ilegales", según establece la "Hoja de Ruta" -el plan de paz elaborado por la comunidad internacional-, o si por el contrario debería hacer lo propio con todos los enclaves que la ley israelí califica de "ilegales".
El ministro de Defensa, Shaúl Mofaz, y su segundo, Zeev Boim, del partido derechista Likud, se oponen a evacuarlos ahora a pesar de ser ilegales pues ello causará disturbios que tal vez impidan después el desalojo de los 8.000 colonos judíos de la franja de Gaza, que prometen resistirse a abandonar sus asentamientos, e incluso piensan oponerse por la fuerza.
Sharon dijo a sus colaboradores que la evacuación de esos asentamientos ilegales es "una obligación asumida por Israel al aceptar el la Hoja de Ruta", el plan del "Cuarteto de Madrid", formado por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y Rusia.
También se comprometió con el presidente de Estados Unidos, George W.Bush, y con su secretaria de Estado Condoleezza Rice, quienes exigen desalojarlos con vistas a la reanudación del proceso de paz con la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Por su parte, la ministra de Comunicación, la laborista Dalia Itzik (la única miembro del gabinete que votó en contra), indicó en la reunión del gabinete que Israel debe evacuar esos asentamientos ilegales ahora mismo, "no por los estadounidenses, sino por nosotros mismos", pues "son ilegales y no necesitamos comisiones".
Livni aseguró que el Gobierno actuará contra los ilegales pero que antes es necesario "profundizar" en los datos proporcionados por la abogada Sasón, ex funcionaria de la Fiscalía General, quien entregó copia al asesor jurídico del Gobierno, Menajem Mazuz.
"Tenemos que pensar en cómo aplicar el informe; lo haremos, pero hay que estudiarlo; no se puede llevarlo a cabo en un día", agregó.
Según Sasón, varios asentamiento se establecieron en tierras privadas hurtadas a palestinos con la connivencia de funcionarios del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Vivienda, entre otros.
