Graves indicios de un Estado policial

En una muestra de debilidad que habría sido impensable antes de su derrota en el referendo constitucional de diciembre, Hugo Chávez debió dar marcha atrás el sábado con uno de los puntos más polémicos de la Ley de Inteligencia que acababa de imponer por decreto: el que obligaba a todos los venezolanos a convertirse en « sapos» (soplones) de los servicios secretos. Sin embargo, otros indicios hacen temer que Venezuela se esté convirtiendo aceleradamente en un Estado policial.

Eso surge de declaraciones del propio general Henry Rangel Silva, director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP, la policía secreta del país. En una sorprendente entrevista al canal estatal Venezolana de Televisión» (VTV), el funcionario hizo una defensa del espionaje interno que no pasaría el más mínimo control de ningún país que se diga democrático.

Pasividad

Ante la notable pasividad de la periodista que lo entrevistaba,Rangel Silva salió a defenderla polémica Ley de Inteligencia, sin saber que el presidente terminaría desautorizándolo. Así, para justificar lo injustificable, admitió suelto de cuerpo que la DISIP cuenta con una amplia red de colaboradores que les informan, entre otras cosas, de todo lo que hacen los candidatos de la oposición.

Según afirmó, se viene haciendo un seguimiento de ellos desde hace tres meses, y él recibe personalmente informes semanales sobre dónde estuvieron esos dirigentes, qué dijeron, quiénes los acompañaban y qué reacciones provocaban en sus audiencias.

Luego, en una « demostración de apertura» elogiada por su entrevistadora (no podía ser de otro modo), mostró a cámara el manual interno de la DISIP, que, aclaró, «no es cubano sino venezolano». Y destacó que el mismo cuenta con todo un capítulo dedicado a los medios de comunicación. Si hay represión, al menos que sea autóctona.

Poco después, Chávez reaccionaría a las críticas al artículo 16, el que obligaba a todos los venezolanos a convertirse en informantes cuando lo solicitaran las autoridades. «Me puse a oír las críticas y al final sí, creo que hay algunos errores. No me cuesta nada reconocerlo. Vamos a corregir esta ley y de inmediato he nombrado una comisión», dijo. Se prometió un alivio, pero, como se ve, hay muchos otros motivos para sentir agobio.