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Los principales enfrentamientos se dan en las cercanías del Parlamento.
En un comunicado, los sindicatos criticaron la política económica y social del gobierno, expresaron "su ira por el asesinato de Alexis Grigoropoulos" y reclamaron "la democratización de la policía" y "el fin de los actos violentos y de la arbitrariedad de los órganos del Estado".
Los sindicatos habían convocado una pero al margen de ella estallaron escaramuzas entre jóvenes que la emprendieron con las fuerzas antidisturbios a gritos de "¡Asesinos!". La policía hizo uso de gases lacrimógenos.
Varias horas después de que terminara la congregación, unos estudiantes de secundaria lanzaban proyectiles a las fuerzas de seguridad frente a la Escuela Politécnica y sus calles aledañas, tomadas por los alumnos desde el domingo, que estaban cerradas al tráfico, según una fuente policial.
En Tesalónica se produjeron enfrentamientos al margen de una manifestación de unas 2.000 personas, según una fuente policial.
Desde el inicio de los disturbios, que causaron cuantiosos destrozos en comercios y sucursales bancarias, la policía detuvo a 108 personas, muchas de ellas por saqueos.
El miércoles se dieron a conocer las conclusiones preliminares de los médicos forenses y de los expertos contratados por la familia del adolescente que apuntan a una muerte por el rebote de una bala disparada por un policía.
La víctima formaba parte de un grupo que arrojaba proyectiles a un coche policial, del que salieron dos policías, uno de los cuales disparó tres balas. El autor de los disparos fue inculpado por "homicidio voluntario" y el otro por "complicidad".
Los ánimos siguen crispados. Unos desconocidos lanzaron dos cócteles Molotov ante el Palacio de Justicia de Atenas contra el abogado de los policías inculpados, que no resultó herido, informó una fuente policial.
Los observadores atribuyen la ira de los jóvenes a un profundo malestar y una radicalización de la juventud, minada por la inseguridad económica y el desempleo.
La crisis se ha politizado. La oposición socialista pidió el martes la dimisión del gobierno de Caramanlis, que ha prometido indemnizaciones para las empresas que sufran daños.



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