¿Hacia el poder total?

Un lugar común entre los manifestantes opositores que se congregaron ayer en la capital venezolana era la necesidad de derrotar el domingo al abstencionismo. Sólo una votación masiva les permitirá contrarrestar la maquinaria clientelar del chavismo.

El plan de reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez, sancionada por el Congreso unicameral --totalmente oficialista-y que será sometida a referendo el domingo, modifica 69 de los 350 artículos de la Constitución Bolivariana de 1999 y busca instalar el «socialismo del siglo XXI» en Venezuela. Estos son sus aspectos principales:   

Perpetuación en el poder. Reelección inmediata y continua sólo para el cargo de presidente. Su mandato pasaría de los actuales seis años a siete, lo que lo convertiría en el más largo del continente.   

Garantías en riesgo. El presidente podrá decretar el estado de excepción, mediante el cual se restringirán o suspenderán temporalmente las garantías consagradas en la nueva Constitución, salvo las referidas al derecho a la vida, la prohibición de tortura, incomunicación y la desaparición forzosa. Sí se podrá suspender el derecho a un proceso justo y al derecho a la información. El tiempo de duración del estado de excepción será ilimitado.   

Uso discrecional de los recursos públicos. Se elimina la autonomía del Banco Central de Venezuela. Las reservas internacionales del país serán manejadas por el BCV bajo la administración y dirección del presidente de la república.   

¿Límites a la propiedad privada? El proyecto «garantiza y reconoce» la propiedad privada, que estará sujeta a expropiaciones por causa de utilidad pública «mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización». Para el gobierno, éstas son salvaguardias suficientes, pero el empresariado y la oposición cuestionan que se haya eliminado su consagración como « derecho», lo que -afirman-podría abrir la puerta a abusos.

Por otro lado, junto con la privada, el texto establece otras formas de propiedad: estatal, mixta (públicoprivada), social directa o comunal --asignada a comunidades-, social indirecta -ejercida por el Estado en nombre de la comunidad-, y empresas de producción social «para construir una economía socialista». Prohíbe los latifundios y los monopolios.   

La «zanahoria» laboral. El chavismo incluyó un elemento atractivo para asegurarse el voto de sus simpatizantes de clase baja: la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas, algo resistido por el empresariado, que sostiene que el nivel de productividad de la economía venezolana no toleraría ese beneficio.   

Politización militar. Se postula crear la Fuerza Armada Bolivariana (FAB) como un cuerpo «popular, patriótico y antiimperialista». Las « milicias nacionales», adictas al gobierno, sustituirían a la tradicional reserva militar y se integrarán como un componente más de la FAB.   

«Nueva geometría del poder». Esa consigna de Chávez alude a la modificación propuesta de los espacios aéreos, marítimos y territoriales de Venezuela, mediante la creación de ciudades comunales, provincias federales, ciudades federales y distritos funcionales, gobernados por vicepresidentes nombrados ad hoc por el presidente, quien, además, designaría autoridades especiales en caso de contingencia o emergencia nacional. Según la oposición, esta potestad presidencial de crear nuevas unidades territoriales bajo su control directo atenta contra el poder de autoridades locales opositoras, que verían cercenados sus distritos y su autoridad.   

«Poder popular». Además de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, vigentes en la actual carta magna, se crearía el Poder Popular, a través de «comunidades, comunas y el autogobierno de las ciudades». El poder popular y las comunas serían la base del poder público y estarían expresados en consejos obreros, campesinos y estudiantiles.   

Una nueva clientela electoral. Serán electores, todos los venezolanos que hayan cumplido 16 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Esto tiende a incrementar la base electoral del chavismo, sobre todo entre las familias de bajos ingresos.