Impuso Congreso boliviano su grave ley

Se complicaron ayer Bolivia y la región al quedar promulgada la controvertida ley del gas en ese país. Con la norma ya en vigor, se elevará a 50% la carga impositiva para las empresas extranjeras. Esto frenará las inversiones y podría desencadenar una ola de multimillonarios juicios contra el Estado boliviano, ya que las compañías llevan invertidos u$s 3.500 millones desdela apertura petrolera de 1997, lo que permitió el descubrimiento de ingentes reservas de gas, capaces de erradicar el tradicional atraso de ese país. Al detener las inversiones, la ley puede tener serias implicancias para la Argentina, que debería pagar más caro el gas que importa desde Bolivia y, a la vez, venderlo también a mayor valor a Chile, agravando los roces políticos con ese país. Se estima, además, que se mantendrá paralizada la construcción del Gasoducto del Noroeste, crucial para el abastecimientode nuestro país. Contrariamente, Brasil, con su hábil política, mantendrá congelado el precio de sus importaciones por tener derechos adquiridos. El desenlace de la polémica por los hidrocarburos no parece zanjar definitivamente la crisis en Bolivia. Por un lado, la izquierda de Evo Morales amenazó ayer con impulsar una ley correctiva para introducir un sesgo todavía más nacionalista en una norma calificada de " confiscatoria" por las empresas y por el propio Mesa. Por el otro, se desatóuna abrumadora ola de críticas contra el mandatario, al punto de que ya nadie asegura su permanencia en el poder. Es que, al abstenerse sorprendentemente de presentar su veto ante el Congreso, habilitó a éste a avanzar con la norma, una actitud que fue calificada por observadores como un "lavado de manos". Al cierre de esta edición, el mandatario habló por TV y justificó su ambigüedad afirmando: "No podía firmar esta ley porque no me lo permitía mi conciencia; pero la estabilidad y la paz del país dependían de promulgarla". Así, se comprometió ahora a "administrar esta ley del Parlamento". Sugestivamente, las fuerzas armadas dieron a conocer un pronunciamiento que advierte sobre un desmembramiento del país.

Las manifestaciones de la izquierda política contra el gobierno boliviano y las petroleras extranjeras no ceden en La Paz (izquierda). El público siguió atentamente las informaciones de ayer, un día clave en la crisis por el gas (derecha).

La Paz (Reuters, EFE, AFP, ANSA) - La polémica nueva Ley de Hidrocarburos de Bolivia, que entre otros cambios eleva a 50% los impuestos a las empresas del sector, fue promulgada ayer por el titular del Congreso, Hormando Vaca Díez, ante la negativa del presidente Carlos Mesa a firmarla o vetarla.

«En una situación complejacomo ésta, creo que debemos contribuir, de una manera rápida, a despejar el clima de incertidumbre que afecta a la gente, por lo que en el curso de hoy mismo voy a proceder, como lo manda la Constitución, a promulgar la ley», dijo Vaca Díez al ingresar a una reunión del Congreso ayer, poco antes de firmar la norma.

El ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, había anunciado poco antes que la ley sería promulgada por el Legislativo al cumplirse el plazo constitucional que Mesa tenía para firmar o vetar la ley sancionada el 5 de mayo por el Congreso. Con su abstención, muy criticada, Mesa dio paso a la ley que había calificado previamente como «confiscatoria», aunque dejó el acto formal su promulgación en manos del presidente del Congreso.

De esta forma se aplicó el artículo 78° de la Constitución de Bolivia, que dispone que el presidente del Congreso debe promulgar una ley que no sea firmada o vetada por el presidente de la República.

• Decisión

«Queda claro que el Poder Ejecutivo mandó una ley que no es la que fue tratada por el Congreso. Esta ley viene del poder legislativo y quedará promulgada automáticamente; es decisión del Presidente», dijo Galindo en declaración a la prensa en el Palacio de Gobierno. «El presidente del Congreso no puede disponer una reconsideración de la ley, sólo puede promulgarla», agregó.

En marzo pasado, el mandatario había dicho que no promulgaría la ley y, ahora, ha tomado esta decisión «en aras de la unidad del país», agregó el ministro.

La vigencia de esta ley puede afectar a la Argentina --e, indirectamente, a Chile-, ya que encarecería el costo del fluido que llega a ese país, además de mantener paralizada la construcción del vital Gasoducto del Noroeste. Contrariamente, Brasil mantiene acumulados «créditos» de gas no entregado aún por Bolivia, lo que le permitirá acceder al combustible a un precio prefijado.

La nueva Ley de Hidrocarburos obligará a las empresas petroleras que operan en Bolivia a renovar sus contratos ajustándolos a varios cambios, entre los que se destaca la incorporación de un impuesto no deducible a la producción de 32%, adicional a la ya existente regalía de 18% (ver aparte).

Con la postura de Mesa no disipa la crisis, ya que la ley promulgada no satisface a los empresarios ni a la izquierda. El proceso se había iniciado en julio del año pasado, cuando un referéndum convocado por el mandatario dio una alta votación a favor de un cambio en la política energética nacional.

• Bloqueos

Los sindicatos y algunos partidos políticos consideran que el texto no recoge correctamente el mandato de la consulta popular.

Por eso, desde el lunes pasado, varios sindicatos están movilizados y bloquean las carreteras de al menos seis departamentos de la zona occidental y sur de Bolivia para presionar a que se modifique la norma, dándole un sesgo más nacionalista.

Las autoridades confirmaron que el bloqueo de las carreteras, realizado en su mayoría por los grupos de mineros asociados en cooperativas, se ha extendido a cuatro vías principales, incluyendo dos con conexión a Perú y Chile.
Mientras, se cumplió ayer el segundo día de una marcha hacia La Paz desde el Altiplano organizada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el principal partido opositor del gobierno, que está liderado por el dirigente indígena y diputado Evo Morales.

Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos en 1935 y 1969, pero desde 1997, cuando entró en vigencia un modelo privatizador, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha abandonado las actividades de exploración y producción, que pasaron a manos de 12 petroleras extranjeras mediante 76 contratos de operación.

El hallazgo de esta riqueza natural fue posible gracias a la llegada de estas compañías en la década pasada, atraídas por una ley atractiva para la inversión que permitió la firma de 72 contratos y que quedará anulada con la nueva.